ULTIMO MOMENTO:
ENFOQUE Por Gustavo Lores (*)
Muertos en los registros electorales: ¿qué hacer con las noticias falsas que dicen que van a votar personas que no están habilitadas? Una desinformación muy común que circula en Latinoamérica señala que las personas fallecidas están incluidas en los padrones de votación y que hay personas que utilizan esas cédulas de identidad para votar. En general se trata de errores en el registro de empadronamiento que son corregidos por las autoridades o que, dado que los padrones se completan meses antes de las elecciones, haya gente que muere entre la fecha en que se confeccionan los padrones y la fecha de las elecciones. En general, el propio sistema electoral incluye formas de solucionar este problema.
Sin embargo, las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América -actualmente dueño del destino a corto plazo de la República Argentina- podrían sentar jurisprudencia. El Presidente Milei se define como "aliado incondicional" del Presidente Trump y, como si eso fuera poco, como su "fan número uno". En consecuencia y a partir de la percepción de su Ídolo Supremo, tal vez se publique en el boletín oficial antes del 26 de octubre un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual el Poder Ejecutivo Nacional nos declare a todos los argentinos fallecidos y el domingo no haya elecciones.
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Dejando atrás esta introducción cargada de una vergonzante ironía, es bueno reflexionar sobre qué se vota el 26 de octubre y las consecuencias, tanto inmediatas como a mediano y largo plazo, del resultado final en cada uno de los 24 distritos.
Las elecciones nacionales legislativas se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre con el objetivo de renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el periodo 2025 -2029, junto con 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el lapso 2025 - 2031.
El principal objetivo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) es asegurarse un tercio propio en cada Cámara Legislativa para blindar la posibilidad de que se modifique la Ley Nacional que regula las causales que avalan los DNU, continuar gobernando por Decreto, y desestimar las eventuales Leyes que sancione el Congreso a propuesta de las diferentes fuerzas opositoras, tanto al momento de su sanción a través del "Veto Presidencial", como a través de impedir su insistencia en el Congreso. Asegurándose el tercio de los legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, la suma de bancas de las oposiciones nunca alcanzaría los dos tercios necesarios para aprobar la insistencia e ir contra el Veto.
Aunque ha sido usada sistemáticamente por el actual Gobierno la figura del Veto, la Constitución Nacional no contiene una cláusula específica al respecto. Sólo se menciona un procedimiento que le otorga facultades al PEN de observar las Leyes Nacionales que el Pueblo y los Gobiernos Provinciales Sancionan por mayoría a través de sus representantes.
Sin embargo, lamentablemente para nuestra Democracia, es innegable su existencia jurídica. La Constitución Nacional refiere a esta institución en forma implícita; así por ejemplo en el Artículo 78 se refiere al envío de los proyectos de ley sancionados por el Congreso para su examen por el PEN; el Artículo 80 menciona los proyectos desechados parcialmente por el Poder Ejecutivo y el Artículo 83 establece que "desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de origen".
Sin embargo, la acción del Veto Presidencial roza un comportamiento dictatorial.
Si bien cada veto está justificado desde la mirada del Poder Ejecutivo Nacional, no deja de ser una desobediencia a Diputados y Senadores que representan a los ciudadanos y a los Gobiernos Provinciales.
El uso discrecional del veto conduce inexorablemente a una Autocracia, máxime en el caso de la Argentina donde el Poder Judicial adolece de todo tipo de irregularidades: una Corte Suprema de tres miembros, Jueces suspendidos de su cargo por trabajar para una plataforma de películas internacional utilizando un juicio real en el que se investiga una muerte dudosa, Fiscales que son estimulados para perseguir autoridades de los otros dos Poderes del Estado, entre otras particularidades.
Por eso es interesante comparar en las últimas presidencias cómo se utilizó este mecanismo, a partir de datos oficiales publicados en https://chequeado.com/el-explicador/ranking-de-los-vetos-presidenciales-como-se-ubica-javier-milei-respecto-de-otros-presidentes/ expresados en Leyes vetadas por cada año de su gobierno.
Como era de esperar, la encabeza -por amplio margen- el Licenciado Javier Gerardo Milei (2023-2025), con el sorprendente registro de 5,3 vetos por año, seguido de Néstor Kircner (2003-2007), con 2,9; Mauricio Macri (2015-2019), con 1,3; Cristina Fernandez (2007-2011) con 0,5 y (2011-2015) con 0,3 y, por último, Alberto Fernández (2019-2023) con 0,0.
También es significativo contrastar la promulgación de decretos de necesidad y urgencia por año de esos primeros mandatarios: Milei: 47; Macri: 18; Cristina Fernandez: 6. El caso de Alberto Fernández no debe ser incluido en esta estadística ya que el 98% de los DNU que se emitieron bajo su Gobierno corresponden a disposiciones que establecieron medidas vinculadas con la Pandemia de COVID 19, período en el que por un lapso de varios meses, el Congreso de la Nación no sesionó.
El optimismo del Gobierno en lograr su objetivo se basa en una serie de datos y proyecciones razonables. Todo indica que, luego de las elecciones del próximo domingo, la alianza Libertaria integrada por La Libertad Avanza - PRO se quedará con 92 Diputados Nacionales (superando holgadamente el tercio del total buscado) y con la segunda mayoría, por detrás de Frente Patria y sus versiones provinciales, que alcanzarán el número de 96 bancas.
En el Senado es probable que La Libertad Avanza - PRO logre 22 escaños, es decir sólo a 2 voluntades de distancia de alcanzar el tercio esperado. Fuerza Patria quedará con 21 bancas y las restantes 29 se repartirán entre la UCR y fuerzas provinciales o independientes. En este caso, hay sobrados ejemplos de cómo se pueden levantar las manos en función de lo que el poder Ejecutivo tenga para ofrecer a cambio al momento de las votaciones.
En síntesis, las próximas elecciones legislativas en Argentina no generarán ningún cambio en el rumbo de las políticas gubernamentales, dicho ésto desde la lógica electoral del ciudadano argentino, considerando amores y odios.
La única posibilidad de que los números pronosticados en este artículo cambien dramáticamente es que el votante analice con detenimiento algunas cuestiones: a) si considera que puede seguir soportando el ritmo de la caída del poder adquisitivo durante dos años más; b) si existe alguna posibilidad de que el actual Gobierno modifique el esquema de generación y distribución de riqueza y c) si observa en el futuro inmediato un crecimiento de la actividad industrial, el comercio y el consumo.
Las últimas experiencias electorales más bien indican que los argentinos votamos "en contra de" o "por simpatía a" y no por un análisis de planes o programas de gobierno, menos aún, por la confianza en que se cumplan. Probablemente, el domingo 26 a las 21:00 se comenzará a dilucidar que queremos los argentinos.
(*) Ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy
