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ENFOQUE Por Gustavo Lores
Las políticas educativas son acciones en el marco de un sistema de aprendizaje integrado por el conjunto de instituciones cuyo propósito es formar a los niños y adolescentes para la vida responsable en sociedad. La política educativa puede entenderse formalmente como las acciones emprendidas por un gobierno en relación con prácticas educativas y la forma en que atiende la producción y oferta de la educación. En la realidad, esta definición ideal se tiñe de ideología y de intereses corporativos, por lo que ha llevado a especialistas en el tema a definir más recientemente que "Las políticas educativas son programas desarrollados por funcionarios del estado, guiados por valores, intereses e ideas, dirigidos a actores de la educación e implementados por administradores y profesionales de la educación".
En la antigüedad y hasta la consolidación de la revolución industrial, alrededor de 1840, no era necesario que hubiera estructuras especializadas para educar a la mayoría de la población; las familias preparaban a los niños para la vida adulta: cazar animales, construir una cabaña, preparar alimentos o cultivar plantas. A medida que se desarrollaron nuevos procesos industriales, logísticos y comerciales, las personas necesitaron habilidades más complejas para ejecutarlos. Se fue incrementando paulatinamente el número de instituciones escolares especializadas en brindarlas en los diferentes niveles y ampliando la posibilidad de acceso para la población.
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En materia de política educativa se pueden plantear las siguientes cuestiones: ¿Cómo tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos? ¿Cómo se deben definir programas educativos de acción pública? ¿Cómo se deben definir políticas educativas públicas en un país democrático?.
La respuesta que se impone es que se tendrían que establecera través de una interacción de los actores involucrados: el estado nacional, los gobiernos provinciales y municipales, los sindicatos de maestros y profesores, las instituciones de formación docente, los investigadores educativos, las comunidades escolares que incluyen familias, alumnos, estudiantes, maestros, profesores, los empresarios o dadores de empleo y organizaciones internacionales vinculadas con la educación.
Entre 1860 y 1960 predominaron en América Latina reformas etiquetadas como "fáciles", con las que todos los sectores están de acuerdo: construir nuevos colegios y escuelas de nivel primario y secundario con la consecuente generación de nuevos puestos de trabajo docente y la ampliación de la población escolarizada. Hasta aquí, de alguna manera, la educación suministraba la preparación de los ciudadanos para sumarse productivamente a las etapas iniciales de la Revolución Industrial: la primera en la que las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas y la segunda, el período de crecimiento para las industrias preexistentes y la expansión de otras nuevas, como el acero, el petróleo y la electricidad.
A partir de la tercera revolución industrial, o revolución digital que comenzó alrededor de 1970 con el uso de computadoras, Internet y las tecnologías de información y comunicaciones, surgió la preocupación de los gobiernos por la calidad educativa y la consecuente necesidad de evaluar a los alumnos, estudiantes, maestros, profesores y directivos escolares, definir y mostrar indicadores de resultados académicos y de eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Los intereses de algunos de los actores no coincidieron con los mecanismos de control de gestión: en general, a nivel primario y secundario, los sindicatos de maestros y profesores cuestionaron la evaluación de desempeño en la medida en que no mejorase la formación docente ni se dispusiera de condiciones de trabajo óptimas; por su parte, algunas instituciones universitarias se escudaron en la libertad de cátedra o en la autonomía para rechazarlos.
Aún sin resolver esta cuestión, se produce a principios del siglo XXI la cuarta revolución industrial que representa las nuevas formas en que la tecnología se integra en las sociedades e incluso en el cuerpo humano. Resulta evidente que desde hace alrededor de cincuenta años se requieren en Latinoamérica en general y en Argentina en particular reformas educativas "difíciles", que apuntan a la mejora de la calidad y la pertinencia de los aprendizajes. Estas transformaciones implican largas cadenas de decisiones y las correspondientes acciones deben ser adoptadas en el aula con muchos niveles de implementadores. Su ejecución en cualquier punto puede experimentar problemas de resistencia a los cambios, juicios de valor equivocados, conflictos organizacionales y laberintos burocráticos, todo lo cual hace mucho más complejo alcanzar los objetivos que se proponen y, en consecuencia, se desiste de enfrentar semejante desafío.
Para asumirlo se requiere en el estado un liderazgo potente en la toma de decisiones imprescindibles, respaldadas por el profesionalismo, el conocimiento y el compromiso con la educaciónde parte de las máximas autoridades para transformar adecuadamente el sistema educativo a través de políticas que tendrán impacto a mediano y largo plazo. Esta decisión posibilitaría que las naciones latinoamericanas, incluida la Argentina, pasen de ser predominantemente proveedores de materias primas y alimentos sin elaborar, a formar parte del grupo de países industrializados.
En la Argentina, el sistema educativo en su conjunto crece vegetativa y territorialmente desde 1860 hasta la actualidad. Sin embargo, no dio en los últimos 50 años, una respuesta eficaz a las necesidades de formación de la sociedad para el desarrollo humano, tecnológico e industrial. No evolucionó para seguir siendo el motor del desarrollo nacional como lo fue hasta mediados del siglo pasado.
Las excepciones a esta generalización se dan en escuelas, colegios o facultades cuyas autoridades toman decisiones apoyadas por sus respectivas comunidades y obtienen en los respectivos ámbitos de influencia, con un gran esfuerzo conjunto y a mediano plazo, resultados comprobables de mejora de la calidad y de transparencia en la gestión.
La política educativa no es una más entre las otras políticas del Estado, sino que tiene una preeminencia especial. A ella le corresponde articular las demás políticas, definiendo el proyecto de nación que se desea e imprimiéndole un significado humano.
(*) ExDecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy
