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Nissen, quien encabezó la IGJ durante gestiones kirchneristas y en el gobierno de Alberto Fernández, había acusado a los magistrados de actuar de manera sistemática.
Buenos Aires, 27 noviembre (NA) – La Corte Suprema desestimó este jueves por inadmisible la presentación del ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen, quien buscaba ser aceptado como querellante en una causa iniciada en 2022 en la que denunció a nueve jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial por presuntas maniobras destinadas a limitar las facultades del organismo de control.
Nissen, quien encabezó la IGJ durante gestiones kirchneristas y en el gobierno de Alberto Fernández, había acusado a los magistrados de actuar de manera sistemática para impedir las tareas de contralor del organismo y favorecer a sectores empresarios. La Justicia rechazó su planteo en todas las instancias previas y la Corte Suprema confirmó esa línea al declarar inadmisible el recurso extraordinario. En su denuncia, el ex funcionario señaló a los camaristas Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machin, Pablo Damián Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala y Hernán Moncla, a quienes imputó abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, usurpación de funciones y retardo de justicia. Sostuvo que sus decisiones implicaban “anular las facultades de contralor propias de la IGJ” para beneficiar operatorias offshore y sociedades sin actividad real. La tensión entre Nissen y los jueces comerciales se había incrementado cuando el entonces titular de la IGJ afirmó que pediría el juicio político de los magistrados. En respuesta, la Cámara Comercial emitió un comunicado en el que advirtió que sus declaraciones revelaban “un inocultable desconocimiento de la autoridad ejercida por jueces integrantes de esta Cámara Nacional de Apelaciones” y recordaron que las decisiones judiciales sólo pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos legales previstos.
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Los camaristas señalaron además que ninguna autoridad administrativa puede interferir en la actividad del Poder Judicial y remarcaron que es deber del tribunal “velar por la plena vigencia del orden institucional”, advirtiendo que las confrontaciones públicas impulsadas desde la IGJ comprometían el equilibrio entre poderes del Estado.
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FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
