HOMICIDIO-TIERRAS
Un grupo de gendarmes estuvo recorriendo el viernes el predio de Ciudad Evita, en búsqueda de pruebas que permitan dilucidar quién mató al militante de la CTEP, Rodolfo Orellana, en tanto que el procurador general sostiene que el joven murió de un tiro en la espalda.
Se trata de un grupo de peritos de la fuerza, que rastrallaba el predio donde el militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), identificado como Rodolfo Orellana, fue asesinado el jueves reciente durante un intento de toma de tierras, a fin de dar con alguna prueba que lleve a dilucidar quién fue el responsable.
Según se informó, el despliegue de gendarmes comenzó poco después de las 11:00 sobre el perímetro ubicado en la ruta 4, en el ex-Camino de Cintura y la autopista Riccheri, en la mencionada localidad.
Los gendarmes habrían estado intentando encontrar algún casquillo tirado en el campo y otros elementos que ayuden a la investigación a cargo de la fiscalía funcional de instrucción temática de homicidios con jurisdicción en la zona.
La bala que mató a Orellana, según la información que alude a datos que serían producto de la autopsia, ingresó por un omóplato y salió por la nariz, de manera que no pudo ser hallada dentro del cuerpo del militante, lo que dificulta determinar si pertenece o no al calibre que utiliza la Policía Bonaerense.
Ante la posibilidad de que esa fuerza pueda estar involucrada en el hecho, se dispuso que todos los peritajes los realice Gendarmería e integrantes del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, la fiscalía habría tomado tomó declaración testimonial en las últimas horas a agentes policiales que estuvieron en el predio y que aseguraron que hubo una refriega entre personas que portaban armas, según la versión que habría emitido el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.
El jefe de los fiscales porteños habría reiterado que los policías que estaban custodiando el predio no tenían armas de fuego sino postas de goma y que se está investigando si la muerte de Orellana se produjo antes o después de que se hiciera el pedido de refuerzos y llegaran al lugar patrulleros de distintas comisarías con armas de uso habitual.
Además, el funcionario habría dicho que los efectivos entregaron las armas que portaban en ese momento para que sean sometidas a los peritajes correspondientes.
Asimismo, el procurador ante la Suprema Corte habría indicado que por el momento no se logró la declaración de militantes de la CTEP que estaban en el predio cuando se produjo el crimen y añadido a rengló seguido que hay una enorme resistencia porque tienen temor a quedar detenidos.
En ese proceder, habría pedido que se presente a declarar un hombre que llamó al 911 para pedir dos ambulancias, cuyo audio trascendió en las últimas horas, porque su testimonio es muy importante.
Orellana fue asesinado el jueves, alrededor de las 6:00 de la madrugada en el predio ubicado en la ruta 4 y autopista Riccheri, en medio de una supuesta pelea entre dos grupos que querrían tomar las tierras, lo que habría dado lugar a que intervenga la policía porteña.
Tras el homicidio, integrantes de distintas entidades acusaron a las fuerzas de seguridad y repudiaron lo que consideraron un ataque policial; además, dieron a conocer una lista de cuatro detenidos identificados como Miriam Calizaya, Hugo Vedia, Wilson Delgado y Alanes Coria, quienes quedaron alojados en la comisaría Este 3ra. de Ciudad Evita acusados de usurpación, en tanto que para la Correpi, lo de Orellana fue un fusilamiento" de las fuerzas de seguridad.
"Lo caracterizamos como un asesinato en el marco de la represión a una situación de conflictividad social; la trayectoria del disparo no deja ninguna duda respecto de que se trató de un fusilamiento", sostuvo la abogada y titular del Correpi acerca de la muerte de Rodolfo Orellana.
"Estamos en condiciones de afirmar que estamos ante el tercer caso de una muerte en el marco de la represión a una situación de conflictividad social, advirtió.