La decisión de la Provincia de Jujuy, de ceder 1000 hectáreas del parque Nacional Calilegua, que es un  área protegida, a la empresa Jujuy  Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) “preocupa por lo que  significa ambiental y legalmente”,  dijo Carolina Moisés.
Al dar precisiones al respecto, la diputada nacional Carolina Moisés  presentó en la Cámara de Diputados  de la Nación un pedido de informe al  Ejecutivo de la Nación sobre algunos  eventos ocurridos en esta provincia.
Detalló que uno de los casos, es un  convenio entre el Gobernador de la  Provincia de Jujuy, Gerardo Morales  y la Administración de Parques Nacionales, en el cual se establece los  alcances de la intervención que tendrá la Administración de Parques en  el área delimitada del Yacimiento  Caimancito.
Dijo que “esta situación viene siendo denunciada por organizaciones  ambientales, trabajadores y pobladores de Calilegua ya que esos convenios autorizan la cesión de 1000 hectáreas protegidas a la empresa Jemse  para su explotación”, y agregó que  con ello “se está imposibilitando que  se fiscalicen los aspectos ambientales dentro del Parque Nacional Calilegua e impedirá el control por el cese de la explotación de petróleo como la ley provincial lo exige”.
Recordó que la reserva nacional de  Calilegua fue cedida por la provincia  de Jujuy en el año 1978 al Estado  Nacional con destino al Servicio de  Parques Nacionales.
En el año 1996 la Administración  de Parques Nacionales y la concesionaria firmaron un acta acuerdo estableciendo un plan cuidado ambiental. En el 2008 el Gobierno provincial autoriza la explotación  controlada a una sociedad integrada  por JEMSE, y firman una carta de intención para extender la explotación  del yacimiento hasta 2037. Esa concesión preveía la apertura de nuevos  pozos dentro del parque aumentando  la producción de petróleo.
“Hay entre 33 y 36 pozos petroleros, algunos de los cuales presentan  un alto riesgo de roturas o pérdidas  provocando la contaminación en los  recursos naturales, afectando especialmente ríos y napas de agua vitales para el ecosistema, como ya se  constató en el 2000 la contaminación  en el arroyo Yuto provocado por el  pozo abandonado Caimancito e-3  que se encontraba fuera del área concesionada”.
En el 2015 se estableció el cese de  la explotación en el parque y el Estado provincial demanda el cierre de  pozos para la recuperación del medio  ambiente, de problemas derivados de  la explotación hidro carburífera.
Ante este panorama planteado, la  legisladora Carolina Moisés solicitó  que se informe y se revea la situación, además de solidarizarse con los  trabajadores que vienen sosteniendo  el reclamo. Desde su rol en el Congreso de la Nación, aseguró que hará  uso de todas las herramientas legislativas que colaboren a solucionar el  conflicto.