ULTIMO MOMENTO:
La Cámara de Diputados quedó ayer cerca de darle media sanción al proyecto de ley de “responsabilidad empresaria” al conseguir la aprobación en general de la propuesta enviada por el Gobierno nacional y pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles la votación en particular de la iniciativa que sufriría importantes modificaciones reclamada por distintos sectores de la oposición.
La iniciativa que establece sanciones para delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho transnacional fue aprobada en general por 131 votos afirmativos, 63 negativos y 7 abstenciones que correspondieron a los representantes del bloque Justicialista.
Sin embargo, al momento de la votación en particular, los legisladores rechazaron por 88 votos a favor y 86 en contra las modificaciones realizadas al artículo primero, lo que permitió al bloque Justicialista insistir con la devolución de la propuesta a comisión, aunque fue Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) quien propuso pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 10.
La oposición rechaza fundamentalmente los artículos 5, porque argumentan que “exime a empresa involucradas de posibles sanciones penales por corrupción”, como también el 37 que crea la figura del “colaborador eficaz”.
La sesión estuvo a punto de fracasar por falta de quórum, ya que el oficialismo no contó en esta reunión con el apoyo del bloque Justicialista y tuvo que esperar la llegada de Felipe Solá (Frente Renovador) y de la misionera Silvia Risko para reunir los 129 representantes junto a Cambiemos, el Frente Renovador, los socialistas y otros bloques provinciales.
La diputada Gabriela Burgos (UCR), presidenta de la comisión de Legislación Penal, defendió el proyecto oficial y enfatizó que “en ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia estamos dejando de responsabilizar a aquellos que cometieron algún delito” de corrupción.En este mismo sentido se manifestó el macrista Pablo Tonelli, quien advirtió que “si no existiera este artículo los hechos de corrupción anteriores no podrían ser objeto de investigación, ni de sanción ni de acuerdo alguno, de manera que extiende la aplicación de la ley en términos administrativos”.
En contraposición, la kirchnerista Diana Conti cargó contra el artículo 37, que según su interpretación fue “introducido entre gallos y medianoche, de la mano del Poder Ejecutivo” y aseguró que generó “divergencias” dentro del propio oficialismo.
