A PESAR DE LOS DESCUENTOS
El regreso a las aulas tras el receso invernal volvió a estar marcado por el conflicto docente en Jujuy. En el nivel inicial y primario, las bases autoconvocadas de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) iniciaron un paro de 72 horas en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la política educativa del Gobierno provincial, denunciando además persecución laboral y cuestionando la legitimidad de las autoridades que actualmente representan al sindicato.
La medida de fuerza se desarrolla los días 27, 28 y 29 de julio y, según informaron desde la sede gremial, registra una adhesión superior al 75% durante la primera jornada, reflejando el malestar que atraviesa el sector docente.
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RECHAZO
El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno de Jujuy emitiera un comunicado en el que sostuvo que la medida de fuerza "carece de legitimidad" y advirtiera sobre la posibilidad de aplicar descuentos salariales por las inasistencias derivadas del paro.
Las declaraciones oficiales fueron rechazadas por los docentes autoconvocados, quienes consideraron que representan un intento de deslegitimar el reclamo y de condicionar el ejercicio del derecho a huelga mediante amenazas de sanciones económicas.
DEFENSA
Durante una conferencia brindada desde la sede de ADEP, la docente Cintia Lamas defendió la legalidad del paro y aseguró que la convocatoria se encuentra respaldada por la normativa vigente.
La dirigente explicó que el derecho a la protesta se encuentra garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 especialmente sus artículos 6 y 8 y el artículo 116 del estatuto social del gremio, normas que, según sostuvo, facultan al cuerpo de delegados a impulsar medidas gremiales cuando existe acefalía institucional o ausencia de representación formal.
En ese sentido, afirmó que las bases docentes asumieron la conducción del reclamo ante la falta de autoridades con mandato vigente.