ULTIMO MOMENTO:
ESCANDALO EN EL JUZGADO CONTRAVENSIONAL Nº 1
Una investigación judicial sin precedentes sacude a la provincia de Jujuy. La Justicia local busca esclarecer el destino de más de 500 millones de pesos que, según consta en actas, debieron ingresar al erario público provincial producto de multas y actas contravencionales. Las medidas fueron emitidas por el Juzgado Contravencional Nº 1, uno de los principales organismos sancionatorios de la provincia, hoy bajo la lupa por presuntas maniobras de corrupción, encubrimiento y asociación ilícita.
El caso ha escalado rápidamente en los últimos meses y apunta directamente a figuras del sistema judicial, funcionarios públicos y personas ajenas a la administración. Las consecuencias podrían ser graves no solo para los involucrados, sino para la legitimidad institucional del sistema contravencional creado en Jujuy durante la gestión de Gerardo Morales.
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UN HALLAZGO FORTUITO
Todo comenzó casi por accidente. Durante una investigación policial por una causa completamente ajena, la apertura de un teléfono celular permitió descubrir una serie de mensajes comprometedores. En ellos, se evidenciaban conversaciones que daban cuenta de un sistema organizado de coimas, manipulación de expedientes y desvío de fondos.
Este hallazgo encendió las alarmas en la Justicia y dio origen a una causa penal que rápidamente escaló hacia el Juzgado Contravencional Nº 1, revelando la existencia de presuntas maniobras fraudulentas sostenidas en el tiempo.
DOS NIVELES DE IMPUTACION: FUNCIONARIOS Y RED PARALELA
La causa ya tiene imputados de alto perfil. Entre ellos se encuentra el juez Matías Ustarez Carrillo, titular del Juzgado Contravencional Nº 1, acusado formalmente por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La Fiscalía entiende que Ustarez Carrillo no ejerció el control debido sobre los procesos que se llevaban adelante en su juzgado, permitiendo –por acción u omisión– el funcionamiento de prácticas delictivas dentro del mismo.
Paralelamente, la causa incluye a empleados del juzgado y personas externas involucradas en hechos mucho más graves. Las imputaciones para este segundo grupo incluyen:
* Asociación ilícita
* Estorbo al acto funcional
* Defraudación mediante sustitución, ocultamiento o destrucción de documentación oficial
Estas figuras penales configuran un escenario extremadamente complejo, en el que se investiga la posible existencia de una estructura delictiva organizada que habría operado durante años dentro del aparato judicial contravencional.
"UNA ESTRUCTURA NACIDA EN 2016, SIN CONTROL"
En declaraciones recientes, la abogada y exdiputada provincial Alejandra Cejas apuntó contra el origen político e institucional de los Juzgados Contravencionales. Según explicó, estos órganos fueron creados en el año 2016, durante la primera gestión del gobernador Gerardo Morales, con el objetivo de atender conflictos menores, regular la convivencia ciudadana y aplicar sanciones administrativas de forma ágil.
Sin embargo, con el paso del tiempo, sostiene Cejas, estos juzgados se convirtieron en una fuente de recaudación paralela, con escasa o nula rendición de cuentas. "Se recaudan millones y no se ven impactados ni en rentas generales, ni en el presupuesto", afirmó durante una entrevista, agregando que jamás se tuvo acceso a los balances financieros de los juzgados contravencionales.
La abogada fue más allá, denunciando que durante los conflictos sociales de 2023, especialmente en el marco de la polémica Reforma Constitucional, el gobierno provincial utilizó a la policía y a los juzgados contravencionales para iniciar causas arbitrarias y aplicar sanciones económicas desproporcionadas contra manifestantes y opositores políticos. "Era una forma de represión económica disfrazada de justicia administrativa", aseguró.
SIN TRAZABILIDAD NI DESTINO CLARTO
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la falta total de trazabilidad del dinero recaudado a través de las multas. Según fuentes cercanas a la investigación, no hay registros confiables sobre qué porcentaje de esas recaudaciones fue efectivamente depositado en cuentas públicas, ni existe una auditoría externa que respalde el uso de esos fondos.
El monto estimado que habría sido desviado supera los 500 millones de pesos, aunque se advierte que podría ser aún mayor si se revisan otras jurisdicciones contravencionales.
¿UNA CAJA NEGRA?
Este escándalo pone en tela de juicio el funcionamiento de los juzgados contravencionales no solo en términos de transparencia financiera, sino también en lo que respecta a su uso político y disciplinador. Si bien estos órganos fueron concebidos como herramientas para resolver conflictos vecinales y faltas menores, en la práctica habrían terminado siendo una "caja negra" al servicio del poder político de turno.
A medida que avanza la investigación, comienzan a emerger nombres, pruebas documentales y testimonios que podrían llevar la causa a niveles más altos del poder provincial.
