ULTIMO MOMENTO:
LA INVESTIGAN POR INSTIGAR A LA VIOLENCIA
La Justicia de Jujuy autorizó que los 11 celulares secuestrados en la casa donde Milagro Sala cumple prisión domiciliaria sean abiertos y peritados, en el marco de la investigación por el origen de los serios incidentes que se vivieron el 20 de junio en la Legislatura local, cuando se estaba jurando la nueva Constitución.
La casa de Sala fue allanada el 29 de junio, luego de que los investigadores encontraran indicios de su participación en la organización de parte de las marchas que hubo la mañana de los disturbios. Uno de esos elementos fue un audio que la dirigente de la Tupac le envió a un comerciante que le había vendido banderas. Estas, a su vez, luego fueron usadas en las protestas. Posteriormente, el mismo vendedor prestó declaración como testigo.
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A partir de ello, el juez Rodolfo Fernández ordenó que el domicilio de Sala, en el barrio Cuyaya, sea allanado. El resultado fue el secuestro de dinero y teléfonos de personas que se encontraban con ella en el inmueble. Este jueves, en una nueva audiencia judicial, Fernández autorizó a que los investigadores inicien un peritaje sobre 11 teléfonos secuestrados en el procedimiento.
La Justicia baraja la posibilidad de que Sala, además de haber promovido la marcha, haya instigado los hechos de violencia que se vieron ese día. Hasta el momento sólo está probado que las banderas que ella encargó se utilizaron el día de las marchas. Pero los investigadores no descartan que alguno de los imputados que rompieron el edificio legislativo y agredieron a la policía hayan actuado bajo sus órdenes o incitados por la dirigente. La revisión de los aparatos decantará la verosimilitud de esa hipótesis.
También conviene citar que en los chats de uno de los detenidos se habla sobre un diputado que venía de Buenos Aires y que iba a pagar $5.000 pesos a los manifestantes que marcharan hacia la Legislatura. También el representante de Milagro Sala en Buenos Aires, Alejandro Garfagnini, llegó a decir que aquella movilización era la oportunidad para lograr la intervención federal de Jujuy por parte del Gobierno nacional.
Como querellante, Fiscalía de Estado pedirá las condenas más duras para quienes protagonizaron los hechos de violencia.
