El Presidente con referentes de comunidades originarias de Jujuy

RECIBIÓ UN ESCRITO SOBRE LO SUCEDIDO Y UN PETITORIO

Buenos Aires,-El presidente Alberto Fernández recibió a representantes de comunidades originarias de Jujuy para interiorizarse sobre la situación en esa provincia tras la reforma constitucional impulsada por el gobierno del radical Gerardo Morales y la represión policial contra las movilizaciones en distintos puntos de esa provincia.

La reunión se hizo en la residencia presidencial de Olivos, según informaron fuentes oficiales.Desde las organizaciones, en tanto, informaron que presentaron al jefe de Estado un escrito en el que fijan posición sobre lo sucedido en la provincia y elevaron un petitorio.

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Esteban Castro, informó tras el encuentro que "unos doce compañeros y compañeras estuvieron en la reunión, que llegaron el lunes" y manifestó que "están en una situación de mucha vulnerabilidad"."Expresaron al Presidente una situación muy compleja de represión y persecución", sostuvo el dirigente que también participó del encuentro y dijo que "tenemos varios heridos, había un compañero con tres balazos de goma, uno en la sien y dos en la frente. Plantearon que tres personas perdieron un ojo".

"La situación represiva continúa, hay mucha percecusión, patrulleros en la casa de los compañeros o esas camionetas blancas que son de alguna empresa que trabaja para Morales", contó Castro y señaló que "se le planteó al Presidente de qué forma se puede intervenir porque no se respetan los derechos humanos".

Castro afirmó que en la reunión "el Presidente planteó que solo se puede intervenir con una ley, que debe ser votada en el Congreso" y expresó que se trata de "una ley que hoy no saldría aprobada porque toda la oposición está en contra"."La conversación fue buena, una hora y media de escucha. Se hicieron planteos de cómo reducir los niveles de represión, hay organismos internacionales que están diciendo que el gobierno de Jujuy tiene que parar la represión", expresó.

Asimismo, señaló que los representantes de las comunidades "comentaron que se vivió una represión en Perico, que fundamentalmente fue un desalojo que tuvo que ver con sacar a los trabajadores de los pueblos originarios y docentes de la ruta, que reclamaban que se cayera esa reforma. Esa represión se hizo para que pueda salir el gobernador".Castro manifestó que en la reunión "se quedó en seguir en comunicación directa con el presidente del INAI, que estuvo presente en la reunión con otros colaboradores" y expresó que "los compañeros pidieron que algunas oficinas estén en lugares más vinculados a las comunidades".Y aseguró que "se quedó en seguir trabajando juntos".

La reunión se concretó el mismo día en que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la Justicia Federal que inicie una "investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión" llevada cabo en Jujuy contra quienes protestaban contra la reforma constitucional impulsada por Morales.Fuentes de la Secretaría indicaron que la presentación judicial incluyó "testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia".

La denuncia se suma al hábeas corpus presentado ante la Justicia para que se garantice el derecho a la protesta.A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que "se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes" y llamó al Gobierno de Morales "a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida".

Los reclamos en la provincia, que se iniciaron por parte de los docentes y a los que se sumaron múltiples sectores de la sociedad, llevan 22 días de manera ininterrumpida en el distrito.

El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.

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