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Por sugerir reformas judiciales VIA DNU
Buenos Aires - Diputados nacionales de la UCR cruzaron ayer duramente al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, por sugerirle al presidente Alberto Fernández que proceda a la ampliación de la Corte Suprema y a una reforma del Consejo de la Magistratura a través de decretos de necesidad y urgencia.
"Lamentablemente el gobernador Capitanich vuelve a ratificar que le da exactamente lo mismo gobernar a través de las instituciones o al margen de ellas, sostuvo el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri.
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Para el cordobés, "el gobernador chaqueño ha perdido todo tipo de pudor" y exhibe la "desesperación" del elenco gobernante para mantener la autoridad política.
Por su parte, el diputado nacional de la UCR Ricardo Buryaile opinó que la sugerencia de Capitanich no es otra cosa que "ideas trasnochadas de gente desesperada por darle impunidad a la vicepresidenta de la Nación", Cristina Kirchner.
El formoseño advirtió que "si el Presidente Alberto Fernández llevara adelante la sugerencia del gobernador Capitanich estaríamos en presencia de un gobierno subversivo, porque subvierte el orden y ese orden es constitucional". A su criterio, "es impensable que se pueda ampliar la Corte Suprema o reformar el Consejo de la Magistratura por DNU. Las instituciones funcionan por sus leyes, sus reglamentos y por los acuerdos parlamentarios".
"Si el Gobierno quiere llevarse puesta a la Justicia y al Parlamento el camino es el que está señalando el gobernador Capitanich. Su postura es coherente con esa visión de que Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Miguel Díaz Canel son demócratas", remató Buryaile.
Por su parte, abogados constitucionalistas advirtieron que, técnicamente, el jefe de Estado estaría habilitado a, por ejemplo, reformar el Consejo de la Magistratura o ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia mediante un DNU, ya que eso no está prohibido en la Carta Magna.
Según explicó Félix Lonigro, tras la reforma de 1994 en la Constitución quedó establecido que, en determinados momentos en los que rijan "circunstancias excepcionales", el Presidente puede atribuirse funciones que son propias del Poder Legislativo.
Las únicas limitaciones que tiene en ese caso es en cuestiones penales, impositivas, de regulación electoral y de partidos políticos, en las que no puede intervenir bajo ningún supuesto, por lo que las iniciativas que pretende aprobar el Frente de Todos, que son en su mayoría del ámbito judicial, no están contempladas y no estarían prohibidas.
"Reformar el Consejo de la Magistratura o ampliar el número de integrantes de la Corte, ¿están entre los temas prohibidos según el artículo 99, inciso 3, de la Constitución? No. Por lo tanto, tenemos que ver si hay circunstancias excepcionales o no. Para la Corte, circunstancias excepcionales son hechos de guerra, tsunamis o inundaciones que les impidan a los legisladores llegar al Congreso", aclaró.
Sin embargo, el abogado señaló que "para los Presidentes, en cambio, una circunstancia excepcional puede ser cualquier cosa, como el regreso de la Selección Argentina después de haber ganado el Mundial, como pasó, por lo que con más razón van a considerar que existe ahora".
En tanto que el también abogado constitucionalista Daniel Sabsay remarcó que, si bien los proyectos del oficialismo no están dentro de los cuatro temas que no se pueden resolver por decreto, "la Constitución es muy clara respecto de ellos y dice que, como principio general, están prohibidos".
"Solo permite su utilización en circunstancias que impidan el trámite normal del Poder Legislativo, excluyendo siempre esas cuatro materias, por lo tanto, en este caso el asunto entraría en la prohibición general, ya que no hay una urgencia ni una necesidad", indicó.
En esta línea, el especialista aseguró que "el principio de legalidad en estos temas es absoluto, además, esto algo que lo puede llevar a juicios muy gravosos, a situaciones económicas complicadas, incluso después de que deje la Presidencia".
