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La partida presupuestaria destinada al organismo asciende a 95 millones de pesos para el próximo ejercicio, sin embargo su distribución causó cuando menos controversia entre los diputados opositores. Más de la mitad se utilizará para el pago de salarios y un millón únicamente para asistir a los familiares de víctimas de femicidio.
El presupuesto 2022 fue aprobado de manera inobjetable teniendo en cuenta la cantidad de manos alzadas, pero el sentido común de un reducido grupo de diputados opositores se animó a interpelar la apabullante mayoría ofi cialista en varias ocasiones: las partidas destinadas al funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer resultan el ejemplo más controversial.
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Según se puede observar en las planillas que desglosan el destino pormenorizado de los fondos, de los $95.892.715 que componen las erogaciones corrientes el 70%, es decir algo más de $67 millones están exclusivamente destinadas al pago de salarios.
"El año pasado según explicaron funcionarios, la cifra para el funcionamiento óptimo en toda la estructura, requería de 500 millones de pesos", argumentó la legisladora justicialista Débora Juárez quien criticó tal aspecto previa votación. Pero la comparación más alarmante surge de entre los últimos renglones legibles en la planilla de distribución analítica de créditos. Los viáticos y movilidad cuyo monto asignado llega al millón de pesos coincide con los subsidios por Femicidio y Asistencia Económica. En otras palabras los viajes del personal y funcionarios tienen el mismo nivel de importancia que la ayuda monetaria que el Estado asigna a las familias que desafortunadamente padecen una tragedia relacionada a crímenes de odio.
"Lo insólito es que una vez perpetrado el crimen o la acción violenta contra la mujer, la ayuda que recuerden estaba muy bien explicitada en la Ley Iara, los fondos destinados son de 1 millón", agregó Juárez Orieta.
CONSEJO DE LA MUJER
El 70 % de su presupuesto se destina a pagar salarios Tiene muy en claro la actitud de un gobierno provincial que dice tener políticas claras. Lo tienen que demostrar con presupuesto acorde y calidad de trabajo Remontándose catorce meses atrás, días antes de la sanción de la Ley Iara (Nº 6186), el gobernador Gerardo Morales instituía vía decreto el "Programa Integral de Asistencia para familiares o personas vinculadas afectivamente a personas víctimas deemicidio, travesticidio y transfemicidio", que en resumidas cuentas contempla el pago de una ayuda económica de 20.000 por única vez, quedando a cargo de la institución que maneja Alejandra Martínez las disposiciones reglamentarias y operatorias. En el mejor de los casos, con el debido asesoramiento también contemplado en el programa, los menores en cuestión podrán acceder a la reparación económica vía Ley Brisa (Nº 7.452) equivalente a un haber jubilatorio mínimo ($29.062) un derecho que se extenderá hasta los 21 años, excepto personas con discapacidad que encuadran en parámetros específi cos. Al ser consultada por JujuyalMomento, la abogada y referente de la Multisectorial de Mujeres Mariana Vargas, consideró que el montó contemplando en la normativa provincial es sumamente escaso, resaltando que aún con presupuestos más abultados el problema de fondo radica "en la descoordinación de las agencias estatales". "El presupuesto destinado a salarios de por si es insufi ciente para garantizar un servicio conforme demanda actual. Aun con los profesionales que hay hoy no alcanza para atender con inmediatez y siguen dando turnos para un mes después. No se pone en nada dinero para las familias. Necesitamos más equipos, más sedes, abrir centros en los barrios. Eso no esta en carpeta". De nuevo tomando la Ley Iara, entre los conceptos incumplidos desde su sanción en 2020, sumamente reclamados por el colectivo de mujeres aparecen los refugios.
Al menos en conocimiento público continúan existiendo tres hasta la fecha todos habilitados antes de que los legisladores reconocieran la emergencia
en violencia de género. Se crearan refugios y/o dispositivos de asistencia y albergue, como instancias de tránsito a las mujeres, con hijos e hijas si los hubiere, y personas del Colectivo LGBTIQA+, en situación de violencia. En caso en que el Estado no cuente con inmuebles a tales efectos, se deberá alquilar unidades en hoteles y/o residenciales. El personal de estos hoteles y/o residenciales deberá recibir capacitación y pautas de trato hacia las víctimas para no promover procesos revictimizantes.
