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Una médica, tres empleadas y un sindicalista serán imputados y afrontan cauciones de hasta 50 millones de pesos.
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza lanzó un comunicado oficial por el caso de la supuesta falsificación y adulteración de certificados médicos en la Liga Mendocina de Fútbol.
El escrito oficial informó que serán notificados de imputación una persona del sindicato de Trabajadores municipales de Maipú, una médica y tres empleadas municipales de Maipú. “Mientras se avanza con la respectiva investigación por este caso, se realizará la citación para la imputación”, expresó el comunicado.
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Por otra parte, el ministerio mendocino le informó a todos los involucrados en la causa de presunta falsificación de certificados médicos que tienen un lapso de cinco días para rendir caución.
Cada una de las partes deberá abonar un monto diferente, el más alto será de 50 millones de pesos para el personal del sindicato, seguido de 20 millones que deberán pagar una empleada municipal y la médica involucrada, y 10 millones deberán abonar de forma obligatoria dos de las empleadas municipales.
En el cierre del escrito, el organismo estatal manifestó que cada uno de los sujetos mencionados anónimamente tienen prohibida la salida del país, deben presentarse ante la Fiscalía en forma mensual y sus bienes serán inhibidos.
¿Cómo funcionaba el sistema? Todo comenzó con un contrato firmado entre la Liga Mendocina y una razón social llamada “STMM Salud”, presuntamente impulsada por Fabio Alenda, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú. En tanto, la entidad se comprometía a realizar los estudios cardiológicos a los jugadores de los 31 clubes afiliados.
Para poder justificar dicha contratación, STMM Salud habría involucrado a una cardióloga especializada, Marisa Torre, quien terminó por denunciar que su firma fue falsificada en decenas de planillas.
En el periodo entre el 2022 y 2025, los jugadores debían realizarse dos estudios anuales y abonar ellos mismos la consulta (el precio rondaría entre 8 mil y 37 mil pesos). Dicho dinero era cobrado por La Liga y posteriormente transferido al sindicato.
No obstante, según la fiscalía, Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy no estaban habilitadas para realizar electrocardiogramas debido a que no contaban con conocimiento técnico ni autorización profesional.
Por último, en casos donde se observaban presuntos días irregulares, el propio grupo emitía órdenes para estudios complementarios, también con firmas falsas, para poder simular un seguimiento del paciente, el cual nunca ocurrió.
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
