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La intención es formalizar esta noche o mañana en las primeras horas el pedido de sesión especial para el jueves.
El Peronismo definirá en las próximas horas una nueva ofensiva desde el Senado contra el Gobierno, al preparar un pedido de sesión especial para el jueves próximo a fin de debatir los proyectos jubilatorios, de Discapacidad y reforma de impuestos de coparticipación, impulsados por gobernadores y rechazados de plano por el oficialismo.
La intención es formalizar esta noche o mañana en las primeras horas el pedido de sesión especial para el jueves, aunque la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, podría demorar la fecha ya que se lo permite el reglamento de la Cámara alta, según informaron fuentes parlamentarias.
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El Gobierno rechaza el aumento a los jubilados del 7,2 por ciento y el incremento del bono, así como la declaración de emergencia en materia de discapacidad y los proyectos de los gobernadores porque sostiene que se rompe el equilibrio fiscal que es la base de la política oficial.
La ofensiva de la oposición se define por estas horas e incluso había algunos senadores peronistas que no descartaban una convocatoria a una sesión sin la citación formal de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
Mientras tanto, las autoridades del Senado -que responde a la vicepresidenta- decidieron desconocer los dictámenes firmados en la reunión de la comisión de Presupuesto sobre jubilaciones y discapacidad, que se realizó sin la convocatoria oficial de su presidente, el libertario Ezequiel Atauche.
Si los opositores quieren debatir los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados deberán hacerlo sobre tablas y para eso conseguir el respaldo de los dos tercios de los presentes.
De todos modos van a requerir los dos tercios para habilitar el tratamiento de los proyectos impulsados por los gobernadores porque no se trataron en las comisiones de Presupuesto y Coparticipación Federal.
Para que el oficialismo pueda obturar la discusión de estas iniciativas debe tener 25 votos, que hoy parecen lejanos, por lo menos, para tratar el proyecto de los gobernadores que fue firmado por los 23 mandatarios y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
COPARTICIPACION Casualmente, el cambio en el impuesto a los combustibles es una de las iniciativas que más preocupan al Gobierno porque le quita al Poder Ejecutivo un porcentaje muy importante de la recaudación de ese tributo, por lo que los mandatarios proponen quedarse con el 52 por ciento de esos recursos.
De acuerdo a esa propuesta, los mandatarios proponen que se distribuya de la siguiente manera: 14,29 por ciento para el Tesoro Nacional, 52, 02 por ciento para las provincias y 28,69 por ciento para Anses.
En la actualidad, las provincias debían recibir un 10 por ciento, ya que otro 28 por ciento iba al Anses, otro 10 por ciento al Tesoro y el resto se destinaba a diferentes fondos fiduciarios que se eliminaron.
DICTAMENES Si se llega a convocar la sesión, uno de los temas que se discutirá son los dictámenes desconocidos por la Secretaría Parlamentaria, que sostiene que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió sin la convocatoria formal de Atauche.
Senadores de Unión por la Patria (UxP), los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y la larretista Guadalupe Tagliaferri se habían autoconvocado el jueves último para reunir a la Comisión de Presupuesto para obtener los dictámenes sobre el aumento a las jubilaciones y del bono que cobran los adultos que perciben la mínima, además de la declaración de emergencia en discapacidad.
Pero en la resolución firmada por el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, se señala que “la documentación presentada el 3 de julio pasado vinculada a tres proyectos de ley —incremento excepcional a jubilaciones (CD-4/25), emergencia en discapacidad (CD-5/25), y modificaciones al Plan de Pago de Deuda Previsional y la Reparación Histórica (CD-6/25)— no puede considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido”.
“La Secretaría Parlamentaria, por medio de la Resolución 1/25, señaló que no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos”, destacó Giustinian.
Y sostuvo que “a pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo, lo cual afecta directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano”.
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
