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“Estos hechos que vinculan y salpican a la Iglesia no solamente nos duelen”, dijo Arancedo sobre la detención de López con casi 9 millones de dólares y señaló que la Iglesia rechaza “con toda energía todo caso de corrupción” y “debe colaborar con la Justicia para esclarecer la verdad de los hechos y someterse a sus dictámenes, como cualquier ciudadano”.
En esa línea, planteó que “la Iglesia no puede, por sentido corporativista, negar si han habido hechos”, al insistir que “lo corporativo tiene un límite y ese límite son los valores de la verdad y la justicia”.Por eso, sostuvo que si el fallecido arzobispo Rubén Héctor Di Monte, creador de esa comunidad religiosa, “ha cometido un acto ilícito”, hay que “reconocerlo, decirlo y lamentarlo”.
“No se lo puede encubrir por un sentido de cuerpo. Cuando se pierde ese límite, lo corporativo se convierte en una especie de sociedad cerrada y eso no corresponde”, enfatizó en una entrevista publicada en el diario La Nación.
Consultado sobre si las religiosas que viven en el monasterio son monjas, indicó que “no” y explicó que “son mujeres consagradas, a quienes Di Monte autorizó el uso del hábito religioso y cierta estructura”.
“Es una asociación privada de fieles que comenzó a funcionar con la autorización del obispo e inició los trámites en Roma para ser reconocida como instituto de vida consagrada, pero eso no se completó”, explicó.
Por último, aseveró que el Vaticano “podría” intervenir en el caso, al señalar que la Santa Sede “tiene capacidad para ello” porque el papa Fancisco “podría pedir” que se “investigue el hecho y se constituya una comisión de investigación”.
