El conflicto de poderes recrudeció y amenaza con profundizarse
El conflicto de poderes desatado en Venezuela a comienzos del mes pasado, a partir de la asunción de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), recrudeció esta semana y amenaza con profundizarse en los próximos días, con la severa crisis económica como eje.
15/02/2016
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora basó su ofensiva en un conjunto de proyectos de leyes y declaraciones, además de haber comenzado a debatir públicamente sobre las formas legales de destituir al presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, el chavismo contraatacó a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró que ‘se mantiene irrevocablemente incólume‘ el decreto de emergencia económica emitido por el mandatario y vetado por el parlamento en uso de sus facultades constitucionales. La Asamblea aprobó en primera discusión un proyecto de ley destinado a devolver al Banco Central de Venezuela (BCV) la autonomía que le confiere la Constitución y que Maduro le quitó por decreto el 30 de diciembre pasado. El texto pasó a comisión y deberá debatirse por segunda vez antes de convertirse en ley. También sancionó una resolución que declaró al país en emergencia alimentaria debido a la ‘crisis de abastecimiento‘, tal como dos semanas atrás lo había hecho en materia sanitaria a raíz del desabastecimiento de remedios e insumos médicos que fuentes políticas y farmacéuticas estimaron entre 65 y 80 por ciento.
En la declaración aprobada, el parlamento solicitó al gobierno que presente un plan de abastecimiento de alimentos, insumos agrícolas y agroquímicos para garantizar la producción, y subrayó su preocupación por las alrededor de 300 empresas alimentarias estatizadas que, según la mayoría opositora, actualmente no producen. Además, exigió que el Instituto Nacional de Estadística (INE) del BCV vuelva a publicar todos los meses los índices de precios y de escasez, que desde hace más de un año no se divulgan con regularidad ni en forma actualizada, y pidió a la FAO y a la Unicef que envíen equipos a Venezuela para verificar la situación. Asimismo, admitió para su tratamiento dos proyectos de leyes: uno destinado a incentivar la producción a través de un conjunto de medidas que incluyen la recuperación de unas 1.200 empresas estatizadas y la siembre de cuatro millones de hectáreas improductivas, y el otro, para mejorar los haberes de jubilados y pensionados mediante tickets de compra que les permitan adquirir alimentos y medicamentos.
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