ULTIMO MOMENTO:
Los mandatarios provinciales se reunirán mañana (miércoles) con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para discutir el reparto de fondos federales y durante la jornada enviaron mensajes al Poder Ejecutivo para que atienda sus pedidos.
El gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Peppo, adelantó que los gobernadores justicialistas van a plantear “un tratamiento inmediato de los aportes de la Nación y respuestas concretas” para atender las dificultades de las provincias.
“Pretendemos una atención integral y en ese esquema tuvimos una respuesta rápida del ministro. Eso abre un buen escenario”, añadió.
También explicó que “fue muy bueno que la reunión se haya combinado el mismo sábado, cuando todos estábamos reunidos”, añadió. Y en cuanto a la urgencia, recordó que “a fin de mes hay que pagar sueldos y cubrir los déficits que tienen nuestras provincias”.
Por su parte, el vicepresidente del Partido Justicialista, Jorge Capitanich, no descartó recurrir a la vía judicial para que se haga extensiva la restitución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias no comprendidas en el fallo de la Corte Suprema.
Empero, el ex gobernador de Chaco indicó que en principio “lo pertinente es la vía administrativa, la vía del reclamo por consenso” de los mandatarios peronistas ante el gobierno nacional.
Capitanich criticó el reciente aumento de la coparticipación que recibió la Ciudad de Buenos Aires, que calculó le reportará este año una transferencia de “17 mil, 19 mil millones de pesos”, pese a que “la transferencias de la Policía Federal solamente tiene un costo fiscal teórico de 9 mil millones de pesos”, acotó.
El actual intendente de la ciudad de Resistencia indicó que no participará de la reunión pero adelantó una serie de reclamos que las provincias le harán al gobierno nacional en materia de transferencia de recursos.
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, denunció “una situación de inequidad” en las provincias respecto al reparto de recursos coparticipables, y ante el freno de obras públicas desde el año pasado, reclamó que se activen.
“Nosotros entendemos que hay una situación de inequidad en los 24 distritos”, indicó el mandatario entrerriano, quien sin embargo aclaró que los gobernadores peronistas “no” quieren judicializar la cuestión ante el incremento en la coparticipación federal para la Capital Federal.
El sábado último, los gobernadores peronistas se reunieron en San Juan, donde acordaron reclamarle a la administración nacional un reparto equitativo de los recursos coparticipables.
A su vez, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió el incremento en la coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la administración nacional, y afirmó que las críticas de los distintos gobernadores son “una forma de volver a movilizar al peronismo”.
“Que cada uno tenga sus reclamos, no conozco el contenido para saber cuán legítimos son. Pero también es una manera para ellos (por los gobernadores) de reunirse, de volver a movilizar al peronismo”, sostuvo.
El jefe de Gobierno recordó que en la reunión que mantuvieron el sábado distintos mandatarios provinciales junto a dirigentes del peronismo, “no solo se discutió” el tema de la coparticipación, sino también “el liderazgo, si iba a haber elecciones” dentro del Partido Justicialista.
COLOMBI RECLAMÓ
URGENTE ATENCIÓN
Buenos Aires,-El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, reclamó al ejecutivo nacional que atienda “urgente” a la provincia a su cargo que durante ocho años “fue discriminada” y adelantó que si no recibe el 15% de coparticipación “irá a la justicia”.
El mandatario criticó a sus pares del justicialismo que actualmente le reclaman al gobierno nacional cambios en la ley de coparticipación y les achacó que antes “fueron sumisos a las decisiones de un gobierno dictatorial en la que el sometimiento de las provincias argentinas fue brutal, y en el caso de Corrientes la discriminación fue absoluta”.
Colombi advirtió que en caso que no la provincia no reciba el 15% correspondiente “vamos a tener que ir a la justicia, no nos queda otro camino” al estimar que serían unos 1.500 millones de pesos al año.
