Ayer quedó conformado el Tribunal que deberá evaluar la recusación de Milagro Sala al juez Daniel Llermanos, en el marco del juicio oral que deberá afrontar la dirigente social por la causa de “amenazas” de poner una bomba a oficiales de la Comisaría Seccional 56 de Alto Comedero, hecho ocurrido el 13 de octubre de 2014. Se trata de los jueces Luis Kamada (presidente de trámite), María Alejandra Tolaba y Gastón Mercau.
Ello se produjo luego de que el Ministerio Público de la Acusación Fiscal solicitara un pronto despacho para que se viabilice el juicio oral contra la dirigente, al esgrimir que “el ejercicio de las prerrogativas funcionales en la presente causa se ven obstaculizadas por la actividad defensiva, pero también por el trámite impreso a presentaciones manifiestamente improcedentes y dilatorias, incidentando sin lógica alguna, cada incidencia cuando debieron llevarse a cabo y resolverse en el contexto del debate oral y público, pues en el sistema procesal adversarial, la centralidad es la del debate oral y público”.
El inicio de las audiencias de debate previsto inicialmente para el 6 de setiembre último se vio suspendida debido a dos maniobras evidentemente dilatoria de parte de los abogados de la imputada. Primero, a horas del juicio y cuando ya se había cumplido la etapa preliminar, se pidió la suspensión del juicio a prueba, para inmediatamente después, presentar la recusación en contra del juez Llermanos, presidente del Tribunal en lo Criminal N´ 2, integrado además por Mario Puig y el ya mencionado Kamada.
Como primeramente debía resolverse la recusación, se integró un cuerpo para resolver la misma, pero ahí nomás la defensa técnica de Sala recusó al juez Puig, lo cual llevó a demorar aún más el proceso. Aún así, un nuevo tribunal rechazó la pretensión de Sala argumentando que la misma “era impertinente y extemporánea”. A pesar de ello, los abogados de la inculpada apelaron dicha decisión a Cámara de Casación Penal.
No obstante ello y en razón de la economía procesal, se dispuso que el Tribunal conformado por Kamada, Tolaba y Mercau se aboque a analizar la recusación del juez Llermanos, y una vez resuelta la misma se podrá evaluar el pedido de la “probation” o suspensión de juicio a prueba, que informalmente significa un reconocimiento de los hechos endilgados en el expediente 59/17 ‘Sala de Noro, Milagro Amalia Angela: Amenazas (Dos hechos en concurso real). Ciudad”, más allá de las interpretaciones jurídicas que exponga la defensa.
Si bien en favor de Sala intervino el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de O.N.U. y la CIDH de la O.E.A. instando a las autoridades competentes de diversas maneras, el Ministerio Público de la Acusación Fiscal entiende que “lo concreto sería esclarecer definitivamente la situación procesal de Sala, lo que sólo puede ser llevado a cabo luego de un juicio oral y público, que conforme la actividad de la defensa viene dilatándose sine die”, debiéndose “adoptar las medidas del caso para proveer rápidamente la celebración de la audiencia de debate oral y público”.
