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CRISTINA GUZMAN
Durante sus declaraciones, Guzmán también trazó un paralelismo entre lo sucedido en Santa Rosa y otros episodios de violencia institucional registrados en la provincia. En ese marco, advirtió sobre la necesidad de evitar que los conflictos sociales sean abordados prioritariamente mediante despliegues represivos.
La dirigente sostuvo que las comunidades originarias y las familias involucradas en conflictos territoriales deben ser escuchadas y que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto de sus derechos, aun cuando exista una controversia judicial sobre la ocupación o posesión de un determinado territorio.
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El conflicto adquiere además una particular sensibilidad debido a que involucra a integrantes de una comunidad originaria, por lo que cualquier intervención estatal debe contemplar no solamente las decisiones judiciales existentes, sino también los derechos reconocidos constitucionalmente a los pueblos indígenas.
En este sentido, Guzmán insistió en que el Estado no puede actuar de manera contradictoria: por un lado, garantizar derechos y promover el diálogo, y por otro, intervenir mediante procedimientos que puedan ser interpretados como abusivos o desproporcionados.
RECLAMO POR RESPONSABILIDADES
La referente del Movimiento Popular Jujeño pidió que el Gobierno provincial brinde información precisa sobre lo ocurrido y determine las responsabilidades correspondientes si se comprueba que hubo un uso excesivo de la fuerza.
El reclamo apunta a conocer quién estuvo a cargo del operativo, qué protocolo se aplicó, qué órdenes recibieron los efectivos y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a utilizar gases y proyectiles de goma durante el desalojo.
También consideró necesario que se conozca la situación de las personas que resultaron heridas y que se garantice el acceso a la asistencia correspondiente.
La dirigente remarcó que el respeto por las instituciones y por las decisiones judiciales no debería ser utilizado como argumento para relativizar posibles abusos. Por el contrario, sostuvo que precisamente el funcionamiento del Estado de Derecho exige que las fuerzas de seguridad actúen dentro de los límites establecidos por la legislación y bajo criterios de proporcionalidad.
LA LUPA SOBRE LOS DESALOJOS
El episodio ocurrido en Santa Rosa vuelve a instalar en la agenda provincial el complejo escenario de los conflictos territoriales y los desalojos de comunidades originarias. Se trata de situaciones que suelen combinar disputas por la posesión de tierras, decisiones judiciales, reclamos comunitarios y la intervención de organismos estatales.
