ULTIMO MOMENTO:
DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADHIRIÓ A PRONUNCIAMIENTO NACIONAL
Adhesión al pronunciamiento de ADPRA en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el transporte de larga distancia
La Defensoría del Pueblo de Jujuy expuso su adhesión al pronunciamiento emitido por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el transporte de larga distancia. Dicho documento expresa preocupación institucional ante la Resolución Nº 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, que elimina el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niñas, niños y adolescentes con cáncer.
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La Defensoría del Pueblo de Jujuy señala que acompaña y adhiere, en todos sus términos, al pronunciamiento de ADPRA, reafirmando su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad y con el acceso efectivo a las prestaciones y garantías reconocidas por la normativa vigente.
En el documento, ADPRA advierte que, si bien la normativa mantiene formalmente el derecho a la gratuidad y la obligación de las empresas transportistas de otorgar los pasajes, la eliminación de las compensaciones económicas podría generar dificultades concretas para el acceso efectivo a este beneficio, especialmente en ausencia de mecanismos complementarios de control, seguimiento y sanción. Señala que la medida se fundamenta en la libertad tarifaria establecida para el transporte automotor de pasajeros interjurisdiccional, bajo el criterio de que las empresas estarían en condiciones de absorber el costo de los pasajes gratuitos dentro de su estructura económica. Sin embargo, sostiene que dicho argumento no constituye una garantía suficiente de cumplimiento.
Considera que la supresión de las compensaciones, en un contexto de ajuste, puede traducirse en mayores obstáculos para las personas con discapacidad al momento de ejercer su derecho al transporte gratuito.
