ESTRATEGIAS COMUNES Y COMPETENCIAS DE CADA ÁREA
Con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, se llevó adelante una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de avanzar en la construcción de criterios comunes de actuación y delimitar competencias institucionales vinculadas a la intervención en situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes.
El encuentro se desarrolló en la Sala de Acuerdos del Palacio de Tribunales y permitió abordar distintos aspectos relacionados con la actuación coordinada de los organismos intervinientes, particularmente en relación con los requerimientos formulados por el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa vinculados a niñas, niños y adolescentes.
También te puede interesar:
La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Mercedes Arias, explicó que uno de los principales objetivos fue aunar criterios en torno a las intervenciones solicitadas a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, procurando optimizar las respuestas institucionales y favorecer un uso adecuado de los recursos disponibles.
Asimismo, se analizaron cuestiones como los tiempos de resolución de conflictos y factores relacionados con la órbita del Poder Ejecutivo que inciden en la capacidad de respuesta frente a las demandas provenientes del sistema judicial.
La magistrada hizo hincapié en la necesidad de establecer claramente las competencias de cada organismo, señalando que el propósito de estas mesas de trabajo es brindar precisiones sobre los ámbitos de intervención correspondientes, tanto en materia civil y de familia como en el fuero penal.
Desde la Secretaría de Niñez señalaron que gran parte de los requerimientos que reciben se refieren a situaciones derivadas de conflictos familiares, violencia de género y procesos de divorcio, lo que motivó un intercambio de criterios respecto de cuando corresponde la intervención administrativa de los organismos de protección y cuándo las cuestiones deben permanecer dentro del ámbito judicial.