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El Gobierno nacional reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido para que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria y cumpla su condena en una cárcel común. La solicitud fue presentada por la subsecretaría de Derechos Humanos y apunta a revocar el régimen especial que rige desde 2017. El Gobierno de Jujuy desde hace años viene pidiendo igual cometido, pese a las artimañas presentada por la defensa y allegados kirchneristas que la protegen en La Plata con el amparo de Axel Kicillof.
Desde el Ejecutivo nacional recordaron que la ex dirigente social jujeña cumple una condena desde 2016 por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, en el marco de su rol al frente de la organización Tupac Amaru.
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En el planteo elevado al organismo internacional, el Gobierno sostuvo que Sala "violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control". La referencia apunta a un traslado realizado semanas atrás desde una vivienda ubicada en Villa Elvira hacia otra en la localidad de Gonnet. Sala "debería estar cumpliendo su condena en la cárcel, sin privilegios, como ocurre con el resto de los delincuentes". La cartera además consideró que la "medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme".
