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TAMBIÉN HABÍA DISPUESTO EL CESE DE LA ACTIVIDAD PETROLERA
A poco de asumir la gestión radical en diciembre de 2015, una de las medidas dispuestas fue el de poner fin a la explotación petrolera en zonas de las yungas que los gobiernos peronistas hasta ese entonces habían autorizado y que dio origen a la demanda de ambientalistas en el año 2014, la cual tuvo ayer el fallo condenatorio de la Corte contra Nación y la Provincia de Jujuy. También el gobierno de Gerardo Morales se abocó al delineamiento de una plan de remediación ambiental, previo convenio con las autoridades nacionales de entonces.
La ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, especificaba ya en 2017, las medidas que la provincia tomaba para garantizar el abandono técnico de los pozos ubicados en el Parque Nacional Calilegua y del pozo conocido como E 3. Asimismo, se gestionaba la remediación ambiental de esas áreas.
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Dio cuenta en relación al pozo E 3, que el gobierno de Jujuy se presentó como querellante en una causa penal que tramita la justicia federal, por daño ambiental colectivo dado el descontrol de ese pozo y cuyas aguas impactan ambientalmente el área.
Con respecto al Yacimiento Caimancito que se encuentra dentro del Parque Nacional Calilegua, la Ministra precisó que el Gobierno, a través de un Decreto confirmó el fin de la concesión a la empresa JHP y rechazar la propuesta de cierre sustentable presentada por la empresa Petro A.P., entonces concesionaria del área. Con el objeto de solucionar el problema, el Ejecutivo llamó a licitación para realizar obras que mitiguen el impacto ambiental ocasionados por el Pozo E-3.
Ese plan tenía las siguientes premisas: garantizar el cierre técnico y abandono definitivo de la totalidad de los pozos, de acuerdo a la normativa hidrocarburífera vigente; y la remediación total de todas las instalaciones complementarias; además no se permitirán nuevas perforaciones de exploración y explotación hidrocarburíferas, mientras dure el proceso de cierre y remediación. También la empresa debía acreditar el seguro de caución y el seguro ambiental e incluir un Plan de Responsabilidad Social Empresaria.
En 2018 se firmó con Nación el Convenio de Regularización del Parque Nacional Calilegua. "La celebración de este convenio es un paso más en el proceso de garantizar la finalización de la explotación hidrocarburífera para proteger la vida natural del Parque Nacional Calilegua" señalaba Zigarán. Se trataba de una cesión temporaria desde Nación a la Provincia de 1.000 hectárea, hasta que se produzca la remediación y cierre definitivo del yacimiento, conforme a un plan provincial. Para ello se sancionaron una amplia gama de instrumentos, convenios con instituciones nacionales y provinciales, estudios técnicos y consultorías ambientales con diversos actores vinculados al ambiente para garantizar el éxito de este proceso, "por lo que
