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La secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy, Marcela Infante, le hizo llegar a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) una carta en la que solicitaba la "inmediata" intervención del organismo frente a los bloqueos de ruta en la provincia y las amenazas sobre particulares que no pueden ejercer su derecho a circular..
En el escrito, la funcionaria provincial detalló las razones por las que creía que las manifestaciones "violaban" los derechos humanos de la población. Incluso, remarcó que los conflictos eran producto de "excesos en el derecho de protesta".
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Sin embargo, la APDH le respondió a Infante mediante otra carta, en la que hizo hincapié en la reforma constitucional y en cómo "ésta atenta contra el pueblo jujeño". En ella, también aclaró que la preservación de los derechos humanos no es tarea de un organismo, sino que es responsabilidad del Estado provincial.
"Nuestra misión institucional ha sido y es la defensa y promoción de los derechos humanos, mientras que su garantía y aseguramiento es responsabilidad de los Estados, en este caso del de la provincia de Jujuy", señalaron.
