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ENFOQUE Por Gustavo Lores (*)
El 30 de junio pasado los 70 Rectores de las Universidades e Institutos Universitarios Nacionales de gestión pública que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), firmaron en Rosario, Santa Fe, un documento (https://www.cin.edu.ar/download/la-educacion-publica-debe-ser-una-prioridad-de-los-proximos-gobiernos/) por el que propusieron "que los candidatos a presidente comiencen a hablar de la educación en Argentina y del rol de las universidades." Asimismo, pusieron a disposición "toda la información y el análisis necesario para que ese debate sea fructífero y permita a la sociedad conocer el estado de la educación y ser partícipes de las discusiones sobre su presente y futuro. "En el documento señalan que "Somos conscientes de que no todo está bien, que existen múltiples aspectos que deben ser mejorados, que deberemos realizarlas necesarias adaptaciones a sociedades en permanente cambio y estamos abiertos a ello, ya que estoforma parte de nuestros desvelos cotidianos."
El papel del CIN en la definición de las políticas públicas universitarias es relevante y está previsto en la Ley de Educación Superior a través de su participación con poder de voto en el Consejo de Universidades (CU), responsable de"proponer (al Ministerio de Educación) la definición de políticas y estrategias de desarrollo universitario" (Ley 24.521, Artículo 70).
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Por otra parte, los Rectores son parte de las etapas de definición y seguimiento de los contenidos curriculares básicos, la duración y los criterios sobre intensidad de la formación práctica para cada carrera e integran la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), responsable de garantizar la calidad de los aprendizajes.
El rol de las universidades en la educación está reglamentado (Artículo 28 Leu 24521) y es: a) Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales y a los requerimientos nacionales y regionales; b) Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica, los estudios humanísticos y las creaciones artísticas; c) Crear y difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas; d) Preservar la cultura nacional; e) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo ytransformación, estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad."
Cabe preguntarse por qué, si los Rectores legalmente intervienen en "las discusiones sobre (la educación) su presente y futuro" y además el rol de las universidades está legislado, interpelan a los candidatos presidenciales en estas cuestiones. La respuesta es que, si bien las instituciones universitarias surgieron con el fin de producir conocimiento para la sociedad siendo independientes de los gobiernos, en la actualidad esos principios se han ido modificando.
La universidad pública es el único actor del sistema educativo que se caracteriza por financiarse con el Tesoro Nacional sin rendir cuentas al Gobierno. Sin embargo, como contrapartida, el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen la atribución para condicionar las políticas universitarias a través de la liberación o no de su financiamiento. El presupuesto nacional sólo garantiza el pago de salarios y gastos de funcionamiento. Las mejoras edilicias, la actualización tecnológica, la adecuación de la planta docente al incremento de la matrícula o diversificación de la oferta académica, la ampliación de espacios de investigación y generación de nuevos conocimientos está sujeta a la aprobación del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y la creación de nuevas universidades a la de los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria.
En el siglo XXI las relaciones Estado - Universidad han pasado de la confrontación a la institucionalización de los consensos y a la preservación del "statu quo", haciendo difusas o menos visibles las fronteras de la autonomía universitaria lograda en la Reforma de 1918, que consagró la democratización de la educación superior: ingreso libre e irrestricto, libertad de cátedra y cogobierno (de autoridades y estudiantes) e independencia política partidaria.
Los Rectores manifiestan que "Somos conscientes de que no todo está bien". Sin embargo, la creciente subordinación de los órganos de gobierno universitario a intereses político-partidarios cancela cualquier proceso de transformación profunda y a largo plazo. Es la propia comunidad universitaria, a la que la sociedad le otorgó el derecho singular de elegir sus autoridades, la que debe asumir la obligación de hacerse cargo de su destino. Los principios de la Reforma suponían la existencia de movimientos ideológicos con capacidad de retraducir los intereses partidarios en posturas pertinentes al espacio institucional en que se desarrollan.
Asimismo, los Rectores señalaron que "ponen a disposición toda la información y el análisis necesario que permita a la sociedad conocer el estado de la educación". No es posible acceder a estos datos. A modo de ejemplo, las universidades deben dar cuenta a la sociedad del grado de cumplimiento de uno de sus roles centrales, formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos. Sólo el 60% de los ingresantes continúa sus estudios en el segundo año de las carreras, menos del 20% de ellos se gradúa y sólo el 3% lo hace en el tiempo que establece el respectivo plan de estudios.
Los indicadores de rendimiento académico se vienen deteriorando progresivamente a partir de 2011 y se desplomaron entre 2020 y 2021 debido a que se afrontó la crisis sanitaria en medio de conflictos de intereses partidarios y no académicos. Estos datos, que deberían ser públicos y transparentes, no están disponibles, a pesar de que se cuenta con la totalidad de los registros estadísticos al 31 de marzo de 2023.
Queda para resaltar que el sistema universitario de gestión pública garantiza el más elevado nivel de calidad en cada uno de sus pocos graduados, fruto del compromiso de estudiantes y docentes en un contexto institucional desfavorable.
Una iniciativa de política pública educativa no debería pensarse solo como responsabilidad del futuro presidente. Quienes ocupan posiciones de saber también son responsables de su evolución.
(*) ExDecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy
