Por el ataque a la Legislatura, los imputados recibirían severas penas

Anoche el Fiscal de Estado de la Provincia, Miguel Rivas; el ministro de Seguridad, Guillermo Corro; y el Procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, emitieron un informe sobre los violentos incidentes que se suscitaron en inmediaciones de la Legislatura y en Purmamarca, así como las actuaciones sobre los cortes de rutas, adelantando los pedidos de penas para los responsables y la aplicación de multas para los infractores al Código Contravencional.

Según se anticipó, hay decenas de imputados y conforme a las penalidades previstas en el Código Procesal Penal, los imputados podrían recibir hasta 20 años de prisión, tras los violentos incidentes protagonizados por militantes de la Tupac Amaru y del Frente de Izquierda en inmediaciones de la Legislatura.

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"Se están investigando tanto los hechos de la Legislatura como los de Purmamarca, atento a la complejidad de la causa y la importancia somos dos fiscales", indicó previamente el fiscal Walter Rondón y aclaró que trabaja junto a Diego Funes.

Asimismo, el fiscal afirmó que actualmente "no hay personas detenidas", y citó que en "la Legislatura se han cometido varios delitos: estragos, daños, daños al erario público, atentando y resistencia a la autoridad agravada". En cuanto a Purmamarca, Rondón precisó que son 24 los imputados. La mayoría ya designó abogado defensor. Sobre las posibles penas que enfrentan los acusados, mencionó por ejemplo que "una persona que afronte una imputación por estrago sumada a una de lesiones y daños puede sumar una pena en expectativa que ronde los 20 años".

Más tarde, Corro, dijo que "las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos", señaló.

Mientras que el Fiscal de Estado, Miguel Rivas, sostuvo que para que se restablezca "el clima de paz y armonía en Jujuy", intervendrá como querellante en las causas, donde pedirán máximas penas para los responsables y resarcimiento económico, porque los daños y perjuicios económicos a la Provincia y a la sociedad, "se estima en más de mil millones de pesos".