TRAS EL CONFLICTO DEL 20 DE JUNIO
El saldo de uno de los días más negros de Jujuy provocado por los incidentes que comenzaron en la Legislatura y se extendieron a distintos barrios de Capital es el de detenidos en distintas dependencias de San Salvador.
Se conocieron expresiones de personas que pedían conocer los nombres de los alojados en el Penal de barrio Alto Comedero, presumiendo que un familiar suyo podría haber sido detenido. También solicitaban la liberación de enfermos para poder darles los tratamientos necesarios para cada caso.
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Hoy se conoció un pedido similar de parte de la familia Domínguez: el padre de familia contó que ayer dos de sus hijos, uno con trastorno del espectro autista y el otro con discapacidad motriz, fueron detenidos durante los disturbios. Uno de ellos fue liberado anoche, pero el otro, que necesita cuidados médicos especiales, aun continúa detenido.
"Dicen que tienen atención de médicos, psicólogos, pero no son especializados ni están preparados para contener a menores de edad con ese problema", indicó, comentando que un profesional del penal advirtió la condición de su hijo con trastorno del espectro autista y pudo ayudarlos a sobrellevar la situación lo mejor posible "ya que no puede soportar tantos ruidos".
"Presentamos certificados de discapacidad y no tenemos respuestas. Ayer dudaban, creían que mentíamos. Mis hijos fueron golpeados por la policía", agregó.
DENUNCIAN INTIMIDACION
El colectivo Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (Puaj) denunció que, en el marco de la represión a las protestas contra la reforma de la Constitución provincial, una trabajadora de prensa local fue víctima de un hecho de "intimidación policial", a través de mensajes y llamadas que le llegaron a su teléfono personal.
"Repudiamos cualquier acción que pretenda amedrentarnos e interferir con nuestro trabajo, y llevaremos adelante lo que sea necesario para defender nuestro derecho a informar y, por sobre todo, el derecho de la ciudadanía a recibir información", expusieron desde Puaj en un comunicado de prensa.
En tanto, informaron que desde el espacio se avanzó en acompañar la presentación de un habeas corpus, con el patrocinio de Luis Paz, abogado de la cooperativa de trabajo, en favor de la colega afectada, Selene Flores, quien "el domingo 18 de junio recibió varios mensajes y llamadas a su teléfono personal de parte de efectivos policiales".
Al respecto, detallaron que "el episodio se dio en el marco de la conmoción social que vive la provincia, y apenas un día después de que la Policía desplegara cuatro operativos represivos, con personas heridas y detenidas, entre ellas dos trabajadores de prensa, Luciano Aguilar, de La Izquierda Diario, y de otro integrante de Puaj Camilo Haro Galli.
"La detención de periodistas en ejercicio de su profesión es inadmisible en un estado de derecho, como también lo son las situaciones de intimidación u hostigamiento como la que atravesó nuestra colega Selene Flores", demandaron al respecto, mientras expusieron que el colectivo de trabajadores de prensa de Jujuy viene "advirtiendo desde 2017 las limitaciones que enfrentan en el ejercicio del oficio".
Finalmente, hicieron alusión a lo "vital" de la tarea de los comunicadores ante el "momento crítico" que atraviesa Jujuy, con una reforma constitucional que se denuncia "elaborada a espaldas de la sociedad"; "rechazada por colectivos sociales, del trabajo, profesionales y comunidades originarias que ven peligrar sus derechos, consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales suscriptos por la Argentina".
"Por estos días, la circulación de la información se torna caótica por la necesidad de la ciudadanía de conocer qué ocurre, sobre todo cuando se producen hechos tan graves como las represiones desatadas contra quienes se manifiestan en el espacio público haciendo uso de la única herramienta de expresión con que cuentan", concluyeron al instar por un libre ejercicio del periodismo.
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