Describieron "un canal privilegiado" de pagos a Báez en los gobiernos de CFK

Buenos Aires - El juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuó ayer con la descripción realizada por el fiscal Diego Luciani de "un canal privilegiado" de pagos al empresario y exsocio de la familia Kirchner Lázaro Báez "con dinero de todos los argentinos", que funcionó entre 2010 y 2015, durante los dos gobiernos de la entonces mandataria.

Durante la primera parte de la audiencia de este martes, la fiscalía también se centró en los presuntos sobreprecios de las obras adjudicadas a Báez en la provincia de Santa Cruz. Luciani sostuvo que "en 5 de las 51 obras peritadas existieron sobreprecios por alrededor de US$200 millones", en base al peritaje ordenado por el Tribunal Oral Federal número 2 y objetado por la defensa de Fernández de Kirchner, entre otras, ante la Corte Suprema, que solicitó que se peritarán todas las obras públicas.

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Antes de comenzar la jornada, la quinta de las nueve que utilizarán los fiscales, el tribunal oral federal número dos acusó recibo de tres nuevas recusaciones, que se sumaron a la presentada el lunes por la vicepresidenta, Cristina Kirchner. A esas tres (de las defensas de Lázaro Báez, Nelson Periotti y el exministro Julio De Vido), se sumó luego la de Carlos Kirchner. Todos apuntaron al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu. Pero el abogado Maximiliano Rusconi, defensor de De Vido, sumó a la recusación al fiscal ayudante Mola. El tribunal correrá vista a las partes para que respondan las recusaciones y en la próxima audiencia del viernes o la semana próxima, resolverá sobre las recusaciones.

Uno de los mecanismos para presuntamente desviar fondos del Tesoro Nacional hacia las empresas de Báez se implementó a través de la resolución 899/2010 de la Dirección Nacional de Vialidad, sostuvo Luciani este martes por la tarde. La resolución fue elaborada a pedido de Nelson Periotti, entonces titular del organismo, y buscó "elaborar un mecanismo que permita agilizar los pagos que el suscripto entienda pertinente debido a situaciones ajenas a esta Repartición y no contempladas con anterioridad al desarrollo de la obra, como ser inundaciones, veda climática, terremoto, razones de fuerza mayor, etc.", según una nota elevada por el funcionario a Sergio Passacantando, entonces gerente general de Vialidad.

A través de esta resolución oficial "la administración pública benefició a Lázaro Báez con los denominados pagos adelantados que se crearon a medida del empresario", dijo Luciani. Periotto y Passacantando siempre negaron las acusaciones. Sus abogados responderán en los alegatos.

El fiscal explicó en los procedimientos normales, la obra pública se va pagando según se ejecuta a lo largo del tiempo, y cuando las empresas presentan los certificados de avance de la obra, Vialidad inspecciona y si autoriza los pagos, estos se ejecutan una vez cumplida la fecha de vencimiento del certificado con 30 días de plazo. Pero en el caso de las constructoras del exsocio de la familia Kirchner, "las certificaciones se pagaban antes de su vencimiento, incluso en casos en que las obras no se ejecutaban. Le daban todo", aseguró Luciani.

Luciani mostró un cuadro en el que sostuvo que de los 1.336 pagos por adelantado que autorizó Vialidad Nacional entre 2010 y 2015, 1.317 fueron otorgados exclusivamente a las empresas de Báez. Es decir, más de 98,5%. También sostuvo que "otras empresas no reclamaron pagos anticipados en base a la resolución 899/2010 porque la existencia de esta resolución les fue ocultada deliberadamente, no fue publicada en el Boletín Oficial ni en la página de Vialidad, tampoco se le comunicó a la Cámara Argentina de la Construcción", según consta en los documentos públicos y en la respuesta por escrito firmada por Juan Chediak, entonces presidente de la institución empresaria.

Se implementó "un procedimiento exclusivo que permitió que Báez cobrara incluso antes del vencimiento de los certificados con dinero de todos los argentinos", enfatizó el fiscal, cuando a otros proveedores de la obra pública se les abonaban los mismos certificados con "90, 120, 150 días".