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TRAS FALLO DE CASACIÓN PENAL
Buenos Aires - La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso ayer martes una serie de diligencias que habían sido reclamadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en búsqueda de más documentación que permita profundizar la causa por el llamado "Vacunatorio VIP". La resolución de Capuchetti es consecuencia del fallo de la Cámara Federal porteña que este lunes le ordenó sacar del archivo el expediente, investigar a los vacunados y profundizar el análisis sobre la responsabilidad que habrían tenido los funcionarios a la hora de entregar las dosis de Sputnik V cuando la población común no tenía aún acceso a recibirlas.
Las medidas ordenadas por Capuchetti no incluyen por el momento cruce de mails ni entrecruzamiento de llamados sobre distintos funcionarios y ex funcionarios, medidas que también reclamaba el fiscal de la PIA Sergio Rodríguez, revelaron fuentes judiciales.
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Lo que sí dispuso la jueza después de firmar estas medidas es que la causa quede delegada en el fiscal Eduardo Taiano, quien inicialmente había coincidido con ella en disponer el archivo de la causa para 65 de las 70 personas que habían recibido las dosis asignadas al Hospital Posadas no habían cometido delito. Fue así que Taiano no apeló la resolución de la jueza. Pero apeló el fiscal Rodríguez -algo que las defensas cuestionaron pero que la jurisprudencia permite cuando el fiscal actuante no apela- y eso abrió la puerta a que la Sala I de la Cámara Federal diera marcha atrás con el cierre que había planteado la jueza en julio pasado.
Para los integrantes del tribunal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el orden de prioridades para darse la vacuna en febrero de 2021 no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico, sobre todo porque en ese momento las vacunas eran "un bien escaso" que el Estado debía administrar. "¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?", disparó el fallo.
Ahora será Taiano el encargado de motorizar la investigación. No solo tendrá que analizar la situación de las 70 personas vacunadas, sino que a ello se adjuntan el análisis sobre los más de 300 casos que se vacunaron en el Posadas, las 60 vacunas que se destinaron a El Calafate y también la situación de los padres de la hoy ministra de Salud Carla Vizzotti.
Precisamente el caso de los padres de Vizzotti se convirtió en una encrucijada para los investigadores. Es que, el fiscal Taiano entendió que no había existido delito cuando Carlos Alberto Vizzotti, médico retirado de 77 años, y su esposa Silvia Manteca Acosta, ama de casa de 74, habían recibido la vacuna el 18 de febrero en una escuela de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.
El fiscal pidió desestimar la investigación por entender que ambos pertenecían a la "población objetivo" y estaban "debidamente inscriptos en el plan de vacunación" de la provincia de Buenos Aires. A su juicio, "no se vislumbran" irregularidades en el caso de los padres de la ministra. La jueza no tomó ningún temperamento, pero el criterio sobre los padres de Vizzotti podría cambiar a luz de profundizar los lineamientos que fijó la Cámara Federal.
En la causa siguen imputados el ex ministro de Salud Ginés González García; el ex jefe de gabinete del Ministerio Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé y el secretario de la cartera, Alejandro Collia.
