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En la 3ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, tomó estado parlamentario un proyecto de ordenanza que prohibe servicios de transporte de pasajeros interconectados a través de las aplicaciones de telefonía móvil, en resguardo de la fuente laboral de los trabajadores del volante.
Acerca del mencionado, el vicepresidente 1º del Cuerpo Parlamentario comunal, expresó: “estamos frente a un avance de la tecnología que seguramente mejora muchos de los aspectos de la vida cotidiana de las personas, pero éstos avances pueden ser peligrosos si no se considera una diversidad de variables que pueden incidir negativamente en los propietarios de los licenciatarios de taxis de radio llamada, en choferes y en el propio Estado ante la ausencia de un marco regulatorio que le imponga a las empresas que desean lucrar con el servicio de transporte, sin tributar ni tener obligaciones que existen con el único fin de garantizar la seguridad de los pasajeros”.
El edil remarcó que al Estado Municipal le compete, entre otras facultades, fijar la tarifa para los diferentes servicios de transporte que existen dentro del ejido, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 43 Inc. 34. “El problema que trae esta empresa, que no paga un solo centavo al fisco y recauda de manera automática millones de pesos en las ciudades donde ya funciona, es que fija de manera arbitraria y sin ningún tipo de control, una tarifa sensiblemente menor a la de los otros servicios; pero sin tener en cuenta que éstos servicios tienen diferentes obligaciones cómo el pago de tasas, seguros y otros conceptos que tienen la finalidad de garantizar un servicio confiable”.
“No tenemos que olvidar que además, para poder explotar éste servicio público, se tiene que pagar una onerosa licencia; mientras que UBER y los restantes servicios están exentos de ésta erogación”, profundizó el concejal; al tiempo que reconoció que “no hay indicios de que éste servicio quiera funcionar en nuestra ciudad, pero también es cierto que generalmente la estrategia que se utiliza es aprovechar el vacío legal para insertarse, así es que la propuesta es avanzar en un ordenamiento que impida que se explote un servicio a espaldas del Estado cómo ente regulador. También es cierto que la sociedad es dinámica y por lo tanto, la legislación también debe responder a ese principio, por lo que no podemos descartar replantear éste proyecto en el futuro, aunque siempre garantizando principalmente la seguridad de los pasajeros y la fuente laboral de los choferes”, finalizó el Concejal del Bloque de la UCR.
