ULTIMO MOMENTO:
En paralelo, busca desactivar la sesión solicitada por la oposición para el jueves de la semana que viene.
Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- Mientras intenta dejar sin quórum la sesión del jueves de la semana que viene, pedida por la oposición para voltear el DNU 70/23, el oficialismo negociaría cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para seducir a dialoguistas, a quienes prometió abrir el recinto de la Cámara de Diputados el 21 de octubre para tratar un temario que también incluiría las leyes de discapacidad y sobreendeudamiento familiar. Con una semana por delante para la convocatoria, la oposición sabe que las cartas no lo favorecen y que las perspectivas de abrir la sesión se van acercando a cero a medida que pasa el tiempo y se acerca la fecha.
No obstante, en Unión por la Patria y el entramado opositor que lo acompaña se mantiene la decisión de quemar las naves en el recinto con el objetivo de poner blanco sobre negro respecto a quiénes son los diputados que no quieren la ley de tierras y quienes sí. El famoso "principio de revelación" que puso de moda el presidente Javier Milei.
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¿Por qué ahora y no antes, siendo que el Senado rechazó el DNU el 14 de marzo del 2024, hace más de dos años y medio? En Unión por la Patria explican que durante todo ese intervalo de tiempo no había garantías porque los diputados de los bloques opositores "del medio" no estaban comprometidos con la causa.
"El que se siente es porque quiere rechazar el 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás", explicó un diputado nacional del peronismo con el que conversó la Agencia Noticias Argentinas (NA).
En diálogo con Alpha TV, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade no negó esta versión pero sostuvo que durante el 2024 y el 2025 también habían diputados de Unión por la Patria sin ganas de confirmar el rechazo al mega decreto desregulatorio. El oficialismo se había asustado inicialmente con el fallo de la Corte Suprema porque temía que esa decisión pudiera infundir un clima negativo que escalase a tal punto que le diera a la oposición la fuerza suficiente para abrir la sesión.
Ese escenario hubiera puesto en riesgo no solamente la derogación de la ley de Tierras, sino integralmente a todo el DNU 70, que es considerado la piedra angular del proyecto económico de La Libertad Avanza.
El susto inicial del Gobierno mutó rápidamente en alivio y calma cuando observaron que la oposición no tenían los votos para respaldar sus intenciones.
De todos modos, no se confían y monitorean el tablero con precaución: saben que podría caer de un momento a otro una resolución de la Corte para designar a dos conjueces que reconsideren la situación de la ley de Tierras a partir de un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie.
En ese marco, una estrategia que evalúan implementar para ganarse el favor de los dialoguistas (y vaciar el quórum de la sesión del 15 de octubre) sería introducir restricciones a la compraventa de tierras rurales en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que vino con media sanción del Senado. Resucitar por otros medios la Ley de Tierras para dejar a salvo el resto del DNU 70, que afecta muchos otros intereses económicos y su derogación por parte del Congreso sería catastrófico para el Gobierno.
Por ahora la propuesta circula como una alternativa, pero no hay una decisión tomada.
La negociación recorre otras aristas: cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y garantías para modificar las partidas presupuestarias para el sector de Discapacidad y universidades nacionales.
El inicio del debate sobre la ley de leyes estaba pautado para el próximo martes 13, pero sin aún una resolución del tema Malvinas (que se dictaminaría el 14), el arco podría correrse una semana más. En cuanto al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, hay una exigencia concreta de aliados y dialoguistas de borrar de la redacción el artículo 111, que establece una escala de penas de prisión "para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento (total o parcial) de entidades u organismos extranjeros, realice acciones destinadas a alterar procesos electorales o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas; manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y promover o financiar actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público dirigidas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado".
Desde la oposición alegan que ese artículo, coherente con la prédica incendiaria cotidiana de Milei contra medios de comunicación, es una amenaza real contra el propio trabajo periodístico, fomentando la autocensura y la persecución a la crítica legítima.
Los cuestionamientos al proyecto también apuntan a la excesiva concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, los protoclos para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una "amenaza externa" o una "actividad terrorista", pudiendo ser utilizadas como pretexto para reprimir la disidencia interna. Agencia NA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
