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La Cámara de Diputados bonaerense defendió las garantías constitucionales de los legisladores y sostuvo que resulta “inadmisible” que se pretenda perseguirlos penalmente por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones.
Buenos Aires, 29 septiembre (NA) – La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires cuestionó la denuncia formulada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y defendió la protección constitucional de los legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus cargos.
En un comunicado, la Cámara consideró “especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo” y afirmó que “resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”.
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En ese sentido, citó el artículo 96 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece la protección constitucional de las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras en el ejercicio de sus cargos.
La respuesta se conoció luego de la denuncia formulada por Atencio el 25 de septiembre de 2026, según precisó el propio cuerpo legislativo.
La Cámara sostuvo que la resolución de archivo de expedientes fue aprobada por más de dos tercios del cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó el 19 de agosto.
Por ese motivo, rechazó que hubiera existido un ocultamiento de pruebas y señaló que la decisión fue pública, votada en sesión y transmitida en vivo.
Además, indicó que los requerimientos y decisiones administrativas mencionados no correspondían, de acuerdo con la documentación considerada por la Cámara, a la causa Julio Rigau, sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto.
Respecto del expediente Rigau, aseguró que aportó la información requerida por la Justicia y señaló que la investigación avanzó, fue elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad.
La Cámara también afirmó que respondió formalmente al requerimiento judicial e informó que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión fue posteriormente convalidada mediante un acto legislativo.
Finalmente, planteó que las facultades de control entre los poderes del Estado no pueden utilizarse “de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder” y sostuvo que el equilibrio institucional exige preservar tanto la independencia judicial como la autonomía del Poder Legislativo.
Agencia NA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
