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La iniciativa prevé iniciar la extracción en 2028, mientras el Gobierno busca ampliar el alcance de las penalidades contra las compañías involucradas.
Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El proyecto petrolero Sea Lion prevé comenzar a extraer petróleo en marzo de 2028 en la Cuenca Malvinas Norte, cercana a las Islas Malvinas, con una producción máxima cercana a los 50.000 barriles diarios y una primera fase que apunta a recuperar 170 millones de barriles.
El avance del emprendimiento reactivó la respuesta argentina sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y llevó al Gobierno liderado por Javier Milei a impulsar un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer las sanciones contra quienes operen sin autorización del país.
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La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento del Congreso y se suma al régimen actualmente vigente, que ya contempla inhabilitaciones, multas y penas de prisión para determinadas actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
Sea Lion está ubicado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, bajo unos 450 metros de agua. La israelí Navitas Petroleum opera el proyecto y posee el 65%, mientras que la británica Rockhopper Exploration conserva el 35%.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la primera etapa contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), que procesará el fluido extraído y almacenará el petróleo hasta su transferencia a buques.
El objetivo inicial es recuperar 170 millones de barriles y alcanzar un máximo cercano a los 50.000 diarios. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y fijaron marzo de 2028 como fecha prevista para obtener el primer petróleo.
La magnitud potencial es todavía mayor: una evaluación independiente correspondiente al 31 de julio de 2026 calculó alrededor de 314 millones de barriles de reservas probadas y probables para las fases 1 y 2 del área norte.
Para poner en marcha esa producción, la financiación anunciada contempla US$1.800 millones hasta alcanzar el primer petróleo y US$2.100 millones hasta completar el proyecto, incluidos contingencias y costos financieros.
QUÉ SANCIONES ENFRENTAN LAS EMPRESAS QUE PARTICIPEN DE SEA LION El avance de las inversiones coloca en el centro de la disputa a las compañías que participan directa o indirectamente del desarrollo, debido a que Argentina considera que la explotación de hidrocarburos en esa zona requiere autorización nacional.
El régimen vigente se apoya en la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada por la Ley 26.915 en 2013. Sus disposiciones alcanzan a la actividad hidrocarburífera sin autorización argentina y, bajo determinadas condiciones, a quienes contribuyan a facilitarla.
Esto incluye participaciones societarias y operaciones financieras, comerciales, logísticas o técnicas vinculadas con esas actividades, por lo que las consecuencias no se limitan necesariamente a las compañías que extraigan directamente el petróleo.
La legislación contempla inhabilitaciones de entre 5 y 20 años y penas de 5 a 10 años de prisión por exploración. Para extracción, transporte o almacenamiento, las penas previstas van de 10 a 15 años, además de multas y otras sanciones.
Sin embargo, esas consecuencias no son automáticas: para aplicarlas deben acreditarse las conductas y las responsabilidades correspondientes mediante los procedimientos previstos por la legislación argentina.
Sobre ese esquema, el Gobierno busca avanzar ahora con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado al Congreso para ampliar el alcance y endurecer las sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
La presión sobre Sea Lion también llegó al terreno judicial. El 16 de septiembre se conoció una resolución que ordenó detener perforaciones, instalaciones offshore y construcciones portuarias vinculadas con el proyecto hasta que exista una evaluación ambiental de las autoridades argentinas.
El alcance práctico de esa decisión, sin embargo, está condicionado por la cooperación internacional y por la conducta de las propias empresas, dado que las operaciones proyectadas se encuentran fuera del control efectivo de la Argentina.
Así, mientras Navitas y Rockhopper mantienen marzo de 2028 como objetivo para comenzar la producción, el desarrollo de Sea Lion avanza atravesado por tres frentes argentinos: el régimen de sanciones vigente, el proyecto para endurecerlo y la medida judicial que busca frenar las obras.
Agencia NA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
