Qué es el “Malapportionment”, el “voto fantasma” que afecta la representación democrática en Argentina

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) - “Un ciudadano, un voto”. Ese es el principio básico de la democracia. Un valor que hace a su ADN. Se traduce en que cada individuo -independientemente de su realidad socioeconómica, sus creencias ideológicas o religiosas, o el lugar donde vive- tiene en el sufragio universal una garantía de igualdad electoral para escoger a sus representantes. Y así ocurre, por ejemplo, cuando se opta por un presidente, un gobernador o un intendente. Pero no se da al momento de elegir representantes para la Cámara de Diputados de la Nación en la Argentina.

Y es que desde hace años se viene ignorando nada menos que un mandato de la Constitución Nacional –como también una orden de la Justicia- de ajustar la distribución de bancas en la Cámara Baja de acuerdo al crecimiento y distribución poblacional que muestra cada censo.

También te puede interesar:

Cecilia Moreau destacó la organización de las mujeres peronistas y pidió fortalecer su participación política

Encima, Argentina en 1983 contaba con una población de 29,3 millones de habitantes, frente a los 46 millones de la actualidad. Es decir que, hay más de 16 millones de personas –un tercio del país- cuya representación se esfuma en una suerte de “voto fantasma” en la “Casa del Pueblo”, esa donde debe expresarse aquella igualdad del sufragio de cada ciudadano, a diferencia del Senado donde se proyecta una equiparación de todas las provincias.

La foto de la Cámara Baja quedó congelada en 1983, en la víspera del regreso de la democracia. Y eso se corporiza en un “pecado original” de la política argentina al que muchos prefieren ignorar. Un “pecado original” que sigue teniendo efecto cada dos años cuando se eligen –por cuatro años- a la mitad de los miembros de ese órgano legislativo. Ese incumplimiento, sumado a la vigencia de un decreto de la dictadura militar -firmado por Reynaldo Bignone-, hace que se arrastre una enorme desigualdad electoral por la que, por ejemplo, el voto de quien vive en Tierra del Fuego valga 6,5 veces más que el de aquel que reside en la Provincia de Buenos Aires. Dicho de otra manera: según los cálculos de la Cámara Nacional Electoral -consultada por la Agencia Noticias Argentinas para este artículo- mientras que en territorio fueguino alcanza con 38.000 votos para elegir a un diputado, en el distrito bonaerense se necesitan 250.000, es decir, un 650% más. En menor medida también ocurre de un lado u otro de la Avenida General Paz: el voto para diputados nacionales de los porteños pesa el doble del de quienes viven en Provincia de Buenos Aires.

¿Por qué ocurre eso? Por una serie de factores que profundizan esas desigualdades a medida que pasa el tiempo y se sigue ignorando lo que la ley manda. A saber: * El decreto Ley 22.487 aún vigente, firmado por Bignone y su entonces ministro de Interior Llamil Reston el 12 de julio de 1983 -con el que se convocó a las elecciones del 30 de octubre de ese año-, estableció en su artículo 3 que “El número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500”. * A dicha representación el decreto agregó tres diputados por cada distrito y estableció un piso de cinco diputados para cada provincia, independientemente de su población. (NdeR: Su objetivo escondía el deseo de darle más peso a distritos supuestamente más conservadores).

* También se fijó que ninguna provincia tendría un número menor al que contaba el 23 de marzo de 1976, es decir, un día antes del Golpe de Estado que inauguró la noche negra de la dictadura militar. * Se indicó que el entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, contaría con dos diputados. Años después, en la década del ’90, cuando se le dio rango de provincia, se elevó el número de representantes fueguinos a 5.

Es decir que, aunque parezca increíble, una ley de la dictadura militar sigue regulando aún hoy, 43 años después, la vida en democracia. Y en todo este tiempo jamás los congresistas se pusieron de acuerdo en desterrar esa desigualdad o, al menos, intentar que el reparto de bancas en Diputados se ajuste mucho más a lo que el ADN de la democracia exige: “un ciudadano, un voto”.

“MALAPPORTIONMENT” La disposición de que ningún distrito podría tener menos diputados que en 1976 hizo, por ejemplo, que la Capital Federal (todavía no era Ciudad Autónoma de Buenos Aires) -que mantiene prácticamente estancada su población en 3 millones de habitantes desde la década de ’60- profundice su sobrerrepresentación, ya que en los demás distritos sí creció la demografía. Hoy CABA mantiene 25 diputados (uno cada 124.000 ciudadanos) y la Provincia de Buenos Aires, con sus 17 millones de habitantes, tiene 70 (es decir, uno cada 250.000). Otra muestra de cómo se está ignorando lo que manda la Constitución Nacional, ya que la representación debería modificarse de acuerdo a los resultados de los censos nacionales. Las provincias más afectadas con esa subrepresentación son las más pobladas. La más perjudicada, por lejos, es la provincia de Buenos Aires que, como se dijo, hoy tiene 70 bancas asignadas, pero debería contar entre 109 –según el cálculo de la Cámara Nacional Electoral- y 125 –de acuerdo a algunos de los proyectos legislativos que fueron presentados para modificar esa situación-. El distrito bonaerense hoy mantiene el 27% de las bancas, teniendo el 38% de la población total de la Argentina. En cambio, CABA debería reducir su presencia de 25 a 19 ya que cuenta con el 9,7% de los escaños, cuando su población representa el 6,7% del total del país.

También Córdoba tendría que ser destinataria de un aumento considerable en su número de bancas: tiene 18 diputados y debería ocupar entre 25 y 28. Santa Fe cuenta con 19 pero tendría que elevarse a una cifra entre 22 y 24. Mendoza, Tucumán, Salta y Misiones también deberían incrementar su representación en la Cámara Baja nacional. La contracara está en las provincias con menor población -Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, La Rioja y San Luis- que son las más sobrerrepresentadas producto de ese piso de 5 diputados que fijó Bignone para cada distrito.

Ese fenómeno de desproporción en la asignación de bancas no es exclusivo de Argentina, sino que está bastante extendido en el mundo occidental y, de hecho, hasta las Ciencias Políticas le dieron una denominación en inglés: “malapportionment”. Eso significa algo así como “mala proporcionalidad”, “mal proporcionamiento” o “mal reparto de los escaños”, aunque no hay una traducción literal al español. Pese a estar tan extendido en las democracias liberales, en América Latina y, en particular, en Argentina es especialmente más grave.

SOLUCIONES Y RESISTENCIAS Es cierto que todos los expertos consultados por la Agencia Noticias Argentinas para esta nota coinciden en que no correspondería dejar casi sin representantes a las provincias más chicas. Pero existen distintos proyectos legislativos que plantean reducir ese piso de 5 legisladores –no que desaparezca- y redistribuir las bancas en forma proporcional a los habitantes de cada provincia. Incluso hay quienes sostienen que habría que mantener el número total de diputados de la actualidad, 257, pero repartiéndoles de una manera más representativa de la demografía argentina. Otros, en cambio, se inclinan por aumentar el volumen de la Cámara de Diputados, elevando el número de bancas.

Pero ambas posturas enfrentan fuertes resistencias. En el primer caso –mantener el número pero reducir la participación de las menos pobladas- genera rechazo de las provincias chicas al ver diluida su presencia o su peso específico en el concierto legislativo. Es más, en ese punto hay que subrayar que es difícil que sea aprobado en el Senado donde existen 3 representantes por cada uno de los distritos, cuerpo donde se expresa el federalismo.

Por otro lado, están los que plantean que la salida de aumentar la cantidad de escaños podría resultar muy impopular en medio de un clima de época tan antipolítica como el que se transita desde hace tiempo y más sabiendo que eso derivaría en un aumento del gasto público.

Los datos son elocuentes: teniendo en cuenta el último censo nacional (el de 2022) la segunda opción significaría que la Cámara de Diputados actual pase de 257 miembros a, como mínimo, 287 diputados (la cifra más conservadora). E incluso podría llegar hasta 363 (si se proyectara y aplicaran las reglas que hoy se están ignorando). Eso representaría entre un 11% y un 41% de aumento de bancas de legisladores en la Cámara Baja, algo que hoy parece impracticable. Pero, si se quiere cumplir con la Constitución Nacional, con las leyes vigentes y lo determinado por la Justicia se deberían redistribuir las 257 bancas o aumentar el número de miembros. No hay más opciones.

Como se dijo, este incumplimiento no sólo vulnera lo que dicta la Carta Magna. A eso hay que sumar el fallo de la Cámara Nacional Electoral del año 2018 que se hizo eco de un amparo solicitado por un ciudadano de Córdoba que había planteado que se estaba violentando el principio de representación del artículo 45 de la Constitución Nacional. La CNE exigió al Congreso de la Nación cumplir con ese mandato. En el dictamen señaló que la Cámara de Diputados posee un principio de “representación proporcional al pueblo de la Nación”, y que los constituyentes le otorgaron el atributo de ser “un mapa político del país” o “espejo de la Nación”, con el reflejo de sus matices y heterogeneidad.

En el dictamen, la Cámara Nacional Electoral incorporó el concepto de "geometría electoral pasiva”, entendido como la manipulación del principio de igualdad en la representación electoral por inacción, es decir, que el voto de un ciudadano en determinada zona del país tiene un valor mayor al de otras zonas debido a la desactualización de la repartición territorial de los escaños. Y subrayó el carácter imperativo del artículo 45 de la Constitución Nacional al que se viene ignorando. Es decir, que se debe cumplir sin más dilaciones ni excusas con ese mandato. Sin embargo, esa orden judicial nunca se respetó.

PROYECTOS DE CAMBIOS En el camino hubo varios y variados proyectos de legisladores de distintas extracciones políticas –todos ellos de distritos grandes subrepresentados- que buscaron modificar ese panorama. Es más, en el famoso proyecto de Ley Bases se proponía -en su artículo 450- elevar el piso a 180.000 votos (o fracción no menor de 90.000) para elegir a un diputado. Pero el capítulo electoral, junto con la reforma política—que incluía la eliminación de las PASO- fue descartado en la negociación con las provincias.

Por su parte, la ex diputada Margarita Stolbizer (GEN – Provincia de Buenos Aires) presentó en varias ocasiones –alguna vez en soledad, otra acompañada por Emilio Monzó- un proyecto de ley en el que propone que se elija un diputado cada 140.000 habitantes (o fracción no menor a 70.000) y 4 legisladores como mínimo por provincia, es decir uno menos de la actual práctica. Así el número final de miembros de la Cámara de Diputados pasaría de 257 a 334. O sea, tendría 77 bancas más, un aumento de 30% en los escaños.

Existe otra iniciativa presentada por Álvaro Martínez, legislador de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, que –en cambio- plantea mantener el número total de diputados en 257, pero redistribuirlos reduciendo el piso mínimo a 3 (algo que impactaría en las provincias menos pobladas) y fijando en 210.000 los votos necesarios para acceder a una banca (o fracción no menor a 105.000). Pero también apunta a que ningún distrito podría tener más de 80 bancas en la Cámara de Diputados, lo que afectaría exclusivamente a la provincia de Buenos Aires ya que es la única que podría superar ese número.

En 2015 hubo otro proyecto de la entonces diputada por SUMA, Carla Carrizo, que –tomando los datos del censo 2011- sostenía la necesidad de elevar el número de bancas a 290 (un 13% más que las existentes), y que cada diputado debía ser votado por 161.000 ciudadanos (o fracción no menor a 80.500), algo coincidente con la medida vigente pero que no se cumple. El piso de representación se mantendría en 5 diputados por distrito.

Por su parte, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, presentó en 2016 una iniciativa similar –a la que adhirieron Diana Conti (FPV) y Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo)- en la que también fijaba en 161.000 votos (o fracción no menor de 80.500) la posibilidad de acceder a una banca y que cada provincia mantenga una cantidad como mínimo de cinco diputados, además los tres adicionales de cada distrito. La iniciativa de Bregman derivaba en una conformación de la Cámara Baja con 323 diputados –un 25% más que hoy-, actualizable por los censos, como en el resto de los casos.

En tanto, Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral propone elevar la base de asignación de bancas de 161.000 a 165.000: un ajuste de apenas el 2,5%. “El resultado sería una Cámara de 297 miembros. Siete distritos mejoran su representación —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta y Misiones, los que más crecieron en peso relativo— y cuatro la reducen: la Ciudad, seis bancas, y Santiago del Estero, San Juan y Jujuy, una cada uno”, ya que quedarían con un piso de cuatro.

El dirigente político y politólogo Juan Manuel Abal Medina, quien ha publicado mucho sobre este fenómeno, sostiene que “existen, por supuesto, opciones intermedias que, si bien no solucionarían por completo el ‘malapportionment’, permitirían moderarlo considerablemente y acercar la distribución de las bancas al principio poblacional establecido por nuestra Constitución.

Una posibilidad sería aumentar la Cámara de los actuales 257 miembros a unos 350 o 400, asignando las nuevas bancas prioritariamente a las provincias actualmente más subrepresentadas y garantizando que ninguna jurisdicción pierda las que ya posee”. Aunque también aclara -en su columna para Noticias Argentinas- que: “parece poco realista suponer que, en las actuales circunstancias, un partido político esté dispuesto a pagar ante la ciudadanía el costo político que supondría impulsar un aumento significativo del número de diputados nacionales”.

El juez federal con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, escribió en su columna para NA (ver aparte): “Si se mantuviera la proporción fijada en 1983 (161.000 habitantes por diputado o fracción no menor de 80.500), la Cámara de Diputados/as pasaría de tener 257 a 359 representantes. Si se aplicara además el piso histórico que impide que un distrito tenga menos representantes que los que poseía el 23 de marzo de 1976, el total ascendería a 362, debido a que la Ciudad de Buenos Aires conservaría sus 25 bancas en lugar de las 22 que le corresponderían por la fórmula demográfica. La actualización, por lo tanto, no podría resolverse simplemente reproduciendo sobre la población actual el criterio utilizado hace más de cuatro décadas: implicaría una ampliación muy significativa de la Cámara”. HERENCIA AUTORITARIA En los fundamentos del proyecto de Stolbizer (ver columna) se cita a la jurista María Angélica Gelli quien sostuvo: "resulta inconstitucional lo que dispusiera en su oportunidad la ley 22.847 (NdeR: la de Bignone)”. Y critica la imposición de un mínimo de 5 legisladores por cada jurisdicción local ya que “el criterio normativo distorsionó la relación entre el número de representantes y el número de habitantes por jurisdicción y, con ello, varios distritos quedaron exageradamente sobrerrepresentados. La ley 22.847 desnaturalizó claramente el principio democrático y la garantía de la igualdad electoral en virtud del cual el voto de cada elector debe tener la misma significación y valor al momento de adjudicarse los representantes a la Cámara de Diputados".

Andreas Schedler, en su libro “Elecciones sin democracia: el menú de la manipulación electoral” señala que “los gobiernos autoritarios también pueden instituir reglas de representación que los beneficien de manera grosera, otorgándoles una ventaja decisiva cuando los votos se traducen en escaños. En lugar de crear un marco de competencia mínimamente neutral, imponen reglas marcadamente ‘redistributivas’ para impedir que una pérdida eventual de votos se convierta en una pérdida de poder”. Ese parece ser el objetivo de la bomba de tiempo que dejó Bignone.

En tanto, si se tomara en forma literal la Constitución Nacional –incluso la de 1994- que plantea “el número de representantes será de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500”, la cantidad de integrantes de la Cámara Baja hoy rondaría los 1.300 miembros, algo inviable desde lo institucional, lo operativo y la opinión pública. Es más, tantos legisladores no cabrían en las instalaciones del Congreso de la Nación por lo que habría que buscar una forma híbrida de funcionar (parte presencial, parte virtual). Incluso sin llegar a ese exorbitante número, con un aumento mesurado de las bancas –tal como plantean los distintos proyectos legislativos presentados- tampoco podrían funcionar como lo hacen hoy.

Hay expertos –como el politólogo Pablo Salinas- que señalan que se debería retomar la experiencia que dejó la pandemia en el tema de la virtualidad -aunque sea de manera parcial- algo que reapareció recientemente en el debate en el Senado donde se analizó si se le permitía a una legisladora -Anabel Fernández Sagasti- participar a distancia de la discusión de un proyecto por transitar un embarazo avanzado y de riesgo. Finalmente, no se lo permitieron. Esas limitaciones hasta en lo edilicio son dificultades para tener en cuenta, además del incremento del gasto público que podría representar. Pero el debate por el “voto fantasma” es una deuda pendiente de la democracia. Un “pecado original” de la política argentina que muchos prefieren silenciar o ignorar. Y donde las mezquindades de unos u otros juegan un papel central.

Durante mucho tiempo se asoció a que las iniciativas para ajustar la representación de la Cámara de Diputados al mandato constitucional podrían favorecer al peronismo que suele ser fuerte en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las últimas elecciones legislativas nacionales demuestran que eso no es tan así. A tal punto que han aparecido voces libertarias a favor de ese reacomodamiento. Y es que si se toma el cálculo más conservador de la CNE y se proyectan los votos bonaerenses de las elecciones legislativas de octubre de 2025, La Libertad Avanza obtendría más bancas en PBA que el peronismo: el oficialismo nacional se quedaría con 16 escaños más y el PJ con 15 por ese distrito ya que obtuvieron 41% contra 40% respectivamente. Lo mismo ocurriría en otros distritos grandes como Córdoba, Santa Fe o Mendoza, donde el justicialismo también fue derrotado.

Pero todas esas especulaciones, por ahora, son ciencia ficción ya que la política parece empecinada en seguir dándole la espalda al mandato de la Constitución Nacional y de la Justicia Electoral. Pese a que ya se transitaron 43 años ininterrumpidos de democracia. Una democracia que sigue regida por una norma de la dictadura que condena a que haya un gigantesco “voto fantasma”. Sin representación en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin presencia en la “Casa del Pueblo”. Allí donde no todos los sufragios parecen valer lo mismo. Y donde se está muy lejos del ADN de la democracia: “Un ciudadano, un voto”.

Agencia NA

FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS