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Las legisladoras de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Mariela Coletta presentaron un proyecto de declaración para reafirmar la defensa de la Convención Belém Do Pará.
Buenos Aires, 28 mayo (NA) -- Las diputadas radicales de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Mariela Coletta presentaron un proyecto de declaración para reafirmar la defensa de la Convención Belém Do Pará para erradicar la violencia contra las mujeres, y se plantaron en contra del proyecto presentado por la senadora de la UCR Carolina Losada para endurecer sanciones por falsas denuncias y falsos testimonios en casos de violencia de género y abuso sexual.
Argentina adhirió en 1994 a la Convención Belem do Pará, el cual fue el primer acuerdo a nivel mundial en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y no un asunto privado.
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La iniciativa de las diputadas radicales cuenta también con la adhesión de otros integrantes de Provincias Unidas como Carolina Basualdo, Pablo Juliano Esteban Paulón y Martín Lousteau, además de Mónica Frade de la Coalición Cívica.
El proyecto de Losada sobre falsas denuncias fue debatido en comisión el mismo día en que Diputados aprobada las modificaciones a la Ley de Glaciares, pero la ola de indignación que provocó el proyecto motivó su corrimiento de la agenda parlamentaria del Senado.
“El impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos”, consideraron Zigarán y Coletta en los fundamentos del proyecto.
El 11 de mayo pasado un grupo de reconocidos profesionales de distintas disciplinas y referentes en Derechos Humanos presentó una denuncia contra Losada, a quien hacen responsable de “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil”. La presentación fue radicada en la Justicia Federal y es liderada por el ex juez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora e investigadora Dora Barrancos. La lista de delitos que se le imputan es larga: además de coacción aparecen mencionados el encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
Según señalan, el proyecto de ley presentada por Losada carece de respaldo estadístico, ya que el fenómeno de las "falsas denuncias" y "falsos testimonios" tiene una incidencia muy marginal, según consignó un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos.
Este estudio se realizó sobre la base de un relevamiento de más de 8 millones de casos penales correspondientes a 17 provincias del país entre el 2023 y el 2025. De acuerdo al informe, durante esos tres años se iniciaron 7.517 investigaciones por supuestas "falsas denuncias", lo que representa apenas el 0,09% del total de 8.254.672 casos penales, y arroja un promedio de una cada 1.098 causas.
En el caso de los "falsos testimonios", la tasa es del 0.025% del total, es decir, uno cada 3.940 causas.
"Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal", apuntan los autores de la denuncia contra Losada. Por otra parte, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole, como patrimoniales o laborales, y no se asocian a violencia de género o intrafamiliar, que es el núcleo que despertó el interés de la senadora radical para presentar su proyecto de ley.
La denuncia también lleva la firma de un importante número de referentes de distintos ámbitos de los Derechos Humanos como Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira, Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.
EL PROYECTO DE LOSADA La iniciativa busca endurecer penas para figuras que ya existen en el Código Penal, que son la denuncia falsa, establecida en el artículo 245, y el falso testimonio, previsto por el artículo 275, únicamente cuando estén vinculadas a denuncias sobre violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños.
En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto propone aumentar la pena que actualmente tiene un rango de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años, convirtiendo al delito en no excarcelable. En el caso de falso testimonio, que puede alcanzar a testigos y peritos, se propone pasar de la escala actual de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.
El argumento de Losada para justificar su proyecto es que se está produciendo una proliferación de medidas judiciales en causas de violencia de género o intrafamiliar o contra la niñez sin pruebas suficientes, que conllevan consecuencias graves para las personas denunciadas. Según advierten los denunciantes, endurecer las penas en este tipo de causas puede producir un efecto inhibidor sobre víctimas a la hora de denunciar a sus agresores. El argumento es que si una mujer o una víctima de abuso piensa que una denuncia puede derivar en una persecución penal en contra, muchas desistirán de hacer efectivo el auxilio a la Justicia, y no habrá ningún tipo de reparación.
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FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
