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La iniciativa del Gobierno Nacional propone dejar atrás el régimen de emergencia vigente y establecer un sistema permanente con criterios unificados, controles reforzados, financiamiento definido y mayor participación de las provincias.
Buenos Aires, 21 abril (NA) – El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones por invalidez, con el objetivo de corregir distorsiones estructurales derivadas de la Ley 27.793 y establecer un régimen permanente con mayores controles y criterios unificados.
La iniciativa elimina la dualidad introducida por la norma vigente entre invalidez laboral y discapacidad, al considerar que esa superposición generó confusión y desdibujó el objetivo original de las pensiones. El nuevo esquema establece una única pensión por invalidez laboral, basada en la imposibilidad de trabajar y en condiciones de vulnerabilidad económica verificables.
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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto también incorpora un sistema de control continuo que reemplaza los mecanismos débiles previos. Entre las herramientas previstas se incluyen auditorías periódicas a prestadores, cruces de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y la posibilidad de suspensiones preventivas sujetas a revisión.
En materia de financiamiento, la propuesta define partidas presupuestarias específicas y establece que los recursos provendrán del Ministerio de Salud y, de ser necesario, del Tesoro Nacional, a diferencia de la Ley 27.793 que no explicitaba su impacto fiscal.
Otro cambio relevante refiere al nomenclador, que dejará de fijar aranceles para pasar a garantizar un piso mínimo prestacional basado en estándares de calidad, oportunidad y adecuación. Los valores serán determinados por financiadores y prestadores mediante acuerdos que contemplen costos, complejidad, región y calidad, mientras que en el caso del Estado nacional serán definidos trimestralmente por la SENADIS.
El proyecto también impulsa la federalización del sistema mediante la habilitación de gestión provincial, la firma de convenios y la asignación de financiamiento según competencias, reduciendo la centralización actual en la Nación.
Finalmente, la iniciativa establece un orden normativo permanente en reemplazo del carácter excepcional de la Ley 27.793, que fue concebida como una norma de emergencia.
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FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
