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La Cámara de Diputados oficializó la convocatoria para el 25 y 26 de marzo, en una doble jornada de exposiciones.
Buenos Aires, 5 marzo (NA) – La Cámara de Diputados oficializó este jueves la citación a una audiencia pública que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.
Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.
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Ambas jornadas de debate fueron programadas para realizarse de 10 a 19 hs., con la salvedad de que la primera será una reunión presencial el 25 de marzo en la Sala 2, en el segundo piso del anexo C de Diputados, mientras que la segunda fecha, del 26 de marzo, está pensada para que otros expositores puedan conectarse de manera virtual.
De acuerdo al cronograma previsto, cada orador tendrá un tiempo de exposición máximo de cinco minutos.
Los participantes tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00, y lo podrán hacer de forma presencial en la oficina de la comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00) o a través de un formulario virtual que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
También está habilitada la opción de realizar presentaciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas, ya sea de manera presencial o por correo correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano ([email protected]) hasta el 20 de marzo. LA "ROSCA" PREVIA El miércoles pasado, la oposición logró ganar tiempo luego de que el oficialismo aceptara convocar a una doble fecha de audiencias públicas el 25 y 26 de marzo como paso previo a la firma del dictamen, lo que llevaría a posponer la sesión, como mínimo, hasta principios de abril.
En la primera reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, diputados de distintos espacios de la oposición presionaron para que se convocara a audiencias públicas y se salieron con la suya.
Como el 25 y 26 de marzo caen miércoles y jueves (después de un fin de semana largo), no quedará tiempo para firmar dictamen en lo que quede de esa semana y la ventana recién volvería a abrirse del 6 al 10 de abril, dado que en el medio tocará otro doble feriado (2 y 3 de abril).
Si bien la reforma de Glaciares es un objetivo del presidente Javier Milei, quien incluso planea hacer alarde de la media sanción del Senado para seducir a inversores en el marco de la “Argentina Week”, evento del que participará la semana próxima en Nueva York, queda en evidencia que no hay un apremio especial para cerrar este capítulo de manera perentoria.
Así las cosas, el Gobierno se reserva la sanción definitiva como carta de negociación con los gobernadores de las provincias cordilleranas, que son los que impulsan la reforma con más celo, con la ilusión de que un cambio de reglas para la exploración y explotación de minerales críticos e hidrocarburos catapulte una avalancha de inversiones en sus territorios.
De hecho, unos ocho mandatarios de provincias cordilleranas confirmaron su participación en el Argentina Week, donde habrá CEOs de empresas globales atentos a las oportunidades de inversión en minerales críticos e hidrocarburos.
Al incluirlos en la actividad, Milei busca encandilar a los gobernadores con las posibilidades incontables de inversiones, para después tenerlos comiendo de su mano.
LOS DETALLES DEL PROYECTO El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares, se encuentran las que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.
En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada. #AgenciaNA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
