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Una vez que se ponga en marcha su tratamiento, el proyecto movilizará a la comunidad universitaria, que amenaza con realizar acciones de fuerza a gran escala.
Buenos Aires, 3 marzo (NA) – Con la reforma a la Ley de Glaciares como máxima prioridad para el arranque del año parlamentario en la Cámara de Diputados, el oficialismo pone en modo espera el nuevo proyecto de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, con el que buscará reemplazar a la ley que la oposición votó y logró poner en vigencia el año pasado, pese a que el Gobierno no la ejecuta.
“No veo acelerando el debate”, señalaron a la Agencia Noticias Argentinas altas fuentes parlamentarias del oficialismo.
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La sala de máquinas del oficialismo en la Cámara de Diputados se dedicará de lleno en las próximas semanas a convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y con la que el presidente Javier Milei buscará tentar a inversores internacionales en el evento “Argentina Week” que se realizará la semana próxima en Nueva York.
A partir de este orden de prioridades, el Gobierno enfrió en cierta medida un tema que una vez que se ponga en marcha su tratamiento movilizará a la comunidad universitaria, que tiene tradición de lucha en la Argentina y amenaza con realizar acciones de fuerza de gran escala. “Estaba calentando en el banco para salir a la cancha y lo mandó a sentarse”, resumió a la Agencia NA -con analogía futbolística mediante- un diputado libertario que no estaba al tanto de los tiempos con los que el Gobierno quiere llevar este tema en el Congreso. LOS AVATARES DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO En diciembre pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a más de 40 rectores de universidades públicas, presentó una acción de amparo por el incumplimiento del Gobierno la ley 27.795, y el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación hasta que el Congreso señalara las fuentes de financiamiento. Para evitar tribulaciones en la Justicia que puedan generar cortocircuitos en la gestión presupuestaria, ya que existe una ley vigente que se resiste a aplicar, el Gobierno decidió enviar su propio proyecto de Financiamiento Universitario con pautas de recomposición salarial mucho más exiguas que las presentes en la norma 27.795 votada por la oposición.
Esto es así porque el proyecto que busca consagrar el oficialismo recupera el salario real perdido por los trabajadores docentes y no docentes de establecimientos universitarios durante el 2025, pero convalida el recorte fenomenal que hubo en el 2024.
En el texto enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo explica esta intención con un eufemismo para disimular el ajuste: allí afirma que el objetivo de la norma propuesta es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento”.
Esta será la tercera vez durante el mandato de Milei que se discuta un proyecto de financiamiento universitario, con una diferencia clave que favorece al oficialismo en este 2026.
Con el recambio parlamentario, se modificó el equilibrio de fuerzas en ambas cámaras y La Libertad Avanza ganó mucho terreno, al punto que desde diciembre viene construyendo mayorías que le permite alcanzar las metas planteadas.
Si en el 2024 y con más fuerza en el 2025 la oposición logró ejercer un dominio del juego parlamentario en la cuestión universitaria, que obligó a Milei a hacer uso del veto (la segunda vez de forma infructuosa ya que se logró insistir en la vigencia con mayoría de dos tercios), este año el oficialismo va a poder imprimirle su propio pulso a la discusión e imponer sus propios términos. PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO Y EL JUEGO DE LAS DIFERENCIAS CON LA NORMA VIGENTE En cuanto a la recomposición salarial, la iniciativa del Gobierno establece una actualización escalonada en tres tramos de 4.1% (el 1° de marzo, el 1° de julio y el 1° de septiembre) hasta recuperar lo perdido el año pasado (un 12,3% en términos reales), ignorando completamente que la mayor pérdida de poder adquisitivo se produjo en 2024 (cerca de un 38%).
La ley que está vigente obliga a recomponer lo perdido desde el 1 de diciembre del 2023, ya que tuvo en cuenta que los meses de mayor salto inflacionario se dieron a fines de ese año y en el primer cuatrimestre del 2024.
El proyecto de la Casa Rosada, por otra parte, apunta a actualizar las partidas para gastos de funcionamiento de universidades durante 2026 solamente si la inflación supera el 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Esto significa que no habrá una recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento del 2024 y 2025, como ordena la ley vigente aprobada el año pasado.
En tanto, el nuevo proyecto mantiene la obligación de convocar a paritarias del sector “con una periodicidad que no podrá exceder los 3 meses calendario”, pero suprime la parte de la norma vigente donde exige que las mismas deben convocarse “asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”.
Sobre las fuentes de financiamiento, la propuesta del Poder Ejecutivo puntualiza que las erogaciones serán cubiertas con las partidas presupuestarias correspondientes a la educación universitaria, y que si no alcanzara el resto se extraerá de las Obligaciones del Tesoro.
En la norma vigente, en cambio, se señala que “el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios (…) sin impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni a los aportes del Tesoro nacional”, y que la ley “podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”.
Otro punto del proyecto del Gobierno es que establece un monto de poco más de 80 mil millones de pesos ($80.072.460.000) para reforzar partidas del sistema de salud universitario, independientemente de la dinámica inflacionaria y del ajuste en años anteriores.
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FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
