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El avance del proyecto de inocencia fiscal no ocultó el malestar presidencial por la demorada reforma laboral, con la que intenta socavar el “Estado peronista”.
Buenos Aires, 18 de Diciembre (NA)- No fue un jueves fácil para los funcionarios de confianza que rodean al Presidente, Javier Milei. El plan legislativo no funcionó y fueron más los reveses que los aciertos.
Su gobierno logró un presupuesto “caro” que no evade el financiamiento universitario ni el gasto por la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Y, una encerrona legal. Sus asesores legales, liderados por María Ibarzabal Murphy, del team, Santiago Caputo, tiene la obligación de cuidarle la firma pero, también, la de analizar posibles futuros escenarios por mal desempeño en sus funciones.
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¿Tiene lugar para seguir vetando el financiamiento universitario, la emergencia para los discapacitados, o dejar correr el mandato del Congreso sin hacer nada? Muchos abogados del fuero penal sostienen que podrían aparecer causas contras sus secretarios, ministros y contra él mismo por mal desempeño en sus funciones. La Justicia siempre espera a aquellos que pasan por la función pública.
A este sinsabor presupuestario que lo arrastró a una crisis con el PRO por el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación, pocas veces se observó un gobierno nacional tan apurado para conformar una comisión que los controla a un año vencido, se suma el desencanto por la postergación de la discusión parlamentaria por la reforma laboral que socava el andamiaje legal creado por el peronismo en la década del ''40 del siglo pasado.
Porque a juzgar por los que conocen el pensamiento de Javier Milei y de Federico Sturzenegger, su obsesión es eliminar el fundamento arquitectónico donde se para el modelo peronista de gestión laboral.
Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas para los ideólogos libertarios la concepción peronista de la ley siempre estuvo en contradicción con el principio de “generalidad” del Derecho, que consagra que la Ley "es la misma para todos" en condiciones similares y su efecto es el de proteger el bien común.
Un principio liberal que establece que las normas jurídicas se aplican a todos los individuos o situaciones que cumplen con los supuestos de la ley, sin favoritismos ni distinciones personales, buscando la igualdad ante la ley y la aplicación uniforme, con algunas excepciones en materia tributaria, donde las exenciones son restrictivas.
El peronismo, creador de una enorme cantidad de Estatutos laborales, como el del periodista, habría creado un orden jurídico propio para cada actividad. Y, desde luego, que su Estado coronó con la Constitución del ‘49 que fue fue derogada en el ’55, tras la revolución libertadora que derrocó al general Perón.
Ahora bien, el andamiaje legal de los estatutos laborales continuó en el tiempo y ese sustento el que intenta terminar la administración de Javier Milei.
El proyecto de ley enviado por el gobierno al Senado para modernizar el derecho laboral incluye un artículo, hacia el final del texto, por el que se deroga la ley 12.908, sancionada por el gobierno de Perón en diciembre de 1946.
El periodista Carlos Mira analiza en The Post que "En ese corto período de tiempo, Perón dictó más de 16.300 decretos (sí, sí, 16.300 decretos en apenas cinco meses), con los que cambió drásticamente el espíritu de la legislación argentina….Una enorme cantidad de aquellos decretos establecían, justamente, los “estatutos profesionales”. Había casi tantos estatutos profesionales como actividades existían en la sociedad.
Bajo el paraguas de los estatutos se generaron muchos negocios para abogados, cámaras empresarias y gremios que constituyeron un proletariado de lujo frente a otros trabajadores en negro que, en las últimas décadas no lograron insertarse en el modelo formal del mundo laboral.
Para Milei, modernizar la legislación es terminar con la arquitectura jurídica que modeló el país desde hace más de setenta años.
Esa ambiciosa reforma no prosperó en el Congreso y recién para el mes de febrero volverá a discutirse.
Punto para la casta política y los gastadores seriales.
Otro de los proyectos clave de los libertarios, es la sanción de la ley de “Regla fiscal”.
Bajo esa premisa que se convirtió en uno de los puntos principales del programa de La Libertad Avanza, Javier Milei intentó con poco éxito, que Lule Menem, Martín Menem y sus dirigentes de confianza en el Congreso, sancionen una ley que en su punto central contempla la prisión para funcionarios, legisladores y directores del Banco Central si hubiera déficit fiscal.
Una propuesta parlamentaria que tenía como objetivo de máxima perseguir con todo el rigor de la ley a aquellos políticos que acceden a la función pública y malgastan los recursos de los argentinos.
Pues bien, presentado el proyecto, muchos legisladores sonreían por lo bajo pensando en el poco entusiasmo con el que se discutiría semejante proyecto que los ata de manos ante las "cajas" de oficinas gubernamentales que en algunos ex presidentes, como Néstor Kirchner, provocaban una sensación de éxtasis cuando miraban una caja fuerte blindada.
El desdén con el que se recibió la iniciativa parlamentaria, muy deseada por los hermanos Milei, se cristalizó en las bancadas vacías, durante la noche del 18 de diciembre, que se registraron para discutir el proyecto. Ni discusión ameritó y el proyecto no convenció a nadie. Fue dejado para el final de la sesión y en ese momento quedaron vacías algunas bancas oficialistas, como también la de algunos aliados que habían acompañado toda la sesión. Por supuesto que el fiasco de la sesión por el Presupuesto, donde se volvió a insistir con la financiación de las universidades, dejando al gobierno nacional sin poder vetar más este punto, al igual que la financiación por las personas discapacitadas, sin que un juez decida intervenir y avanzar con procesos penales por incumplimiento de los deberes de funcionarios público, dejó en un segundo plano la cuestión del proyecto de regla fiscal.
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
