ULTIMO MOMENTO:
El diputado de UP Juan Marino propone pasar de una conducción unipersonal hacia una colegiada de siete miembros, con representantes de ONGs de discapacidad.
Como parte de una frondosa agenda impulsada por la oposición, la Cámara de Diputados debatirá mañana un proyecto de ley encabezado por Juan Marino (Unión por la Patria) para "democratizar" la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedó envuelto en sospechas desde que estalló el escándalo de presuntas coimas por la filtración de los audios de su ex titular Diego Spagnuolo.
La propuesta del diputado nacional cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es pasar de una conducción unipersonal del organismo, hoy en cabeza de Alejandro Vilches, a una conducción colegiada de siete miembros con participación de entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones.
También te puede interesar:
“El presente proyecto de ley surge como una respuesta institucional impostergable ante la grave crisis de legitimidad y confianza que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), evidenciada por recientes escándalos de corrupción que han expuesto la vulnerabilidad de un organismo central para la garantía de los derechos de más de cinco millones de argentinas y argentinos”, señaló Marino en los fundamentos del proyecto que se tratará este martes a las 15 hs en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales.
Para el legislador de la oposición, el diseño actual de la ANDIS, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 698/2017, “ha demostrado ser un sistema propenso a la discrecionalidad, la falta de controles cruzados y la concentración de poder”. “Esta arquitectura institucional ha permitido que áreas críticas, como la gestión del programa Incluir Salud, se conviertan en focos de prácticas corruptas, donde funcionarios designados políticamente han gestionado presupuestos millonarios sin un control social y parlamentario adecuado, perjudicando directamente a las personas con discapacidad que dependen de medicamentos y prestaciones vitales”, advirtió.
Los objetivos de la reforma son democratizar la conducción de la ANDIS, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas.
“Este proyecto propone un cambio de paradigma fundamental. Se busca transformar una estructura jerárquica y cerrada en un sistema de gobernanza democrático, transparente y participativo”, manifestó Marino.
Los principios rectores son la participación ciudadana y democracia participativa (participación activa en el diseño, ejecución y control de programas bajo el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros"), la transparencia y acceso a la Información (rendir cuentas de manera pública, periódica y detallada sobre uso y destino de recursos, procesos de contratación y resultados de programas), el control social y prevención de la corrupción (mecanismos de fiscalización de la gestión por parte de sociedad civil, para prevenir uso indebido de fondos públicos), el federalismo (articulación permanente entre las jurisdicciones a través del Consejo Federal de Discapacidad) y la idoneidad y mérito (competencias técnicas profesionales de los funcionarios designados).
La comisión directiva que propone Marino está compuesta por siete miembros con mandato de cuatro años no prorrogable, donde el presidente (rango de secretario de Estado) y vicepresidente (rango de subsecretario de Estado) son designados a instancias del Poder Ejecutivo.
Otros dos vocales son designados por el COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad) y los restantes tres surgen de las propias organizaciones de la sociedad civil representativas del sector de discapacidad, y son designados mediante la votación en una asamblea organizada por ANDIS.
La Comisión Directiva estará habilitada para sesionar con cinco de los siete miembros y podrá tomar decisiones con mayoría absoluta (tres votos), con la excepción de una serie de medidas que requieren de cinco votos.
En cuanto el financiamiento, se prevé la utilización de partidas presupuestarias, en tanto que el plazo de implementación es de 180 días desde la promulgación de la ley.
Entre las funciones listadas en el proyecto se encuentran la aprobación del Plan Estratégico anual de Discapacidad, la supervisión de programas (incluido el Incluir Salud, el FONADIS y pensiones no contributivas por invalidez), la aprobación de licitaciones y contrataciones de bienes y servicios) y el dictado de reglamentos internos de transparencia y protocolos de prevención de la corrupción.
Como parte de la política de transparencia, la comisión directiva tendrá la obligación de publicar un tablero trimestral de datos abiertos que incluye la ejecución presupuestaria, las transferencias y pagos a prestadores, altas, bajas y prestaciones de Incluir Salud, los listados de espera y tiempos de resolución de trámites, y la gestión de reclamos- “El acceso pleno a la información y la obligación de publicar informes periódicos son herramientas concretas para desmantelar la opacidad que ha facilitado la corrupción. En definitiva, esta ley es una propuesta de depuración democrática que busca blindar a la ANDIS de la corrupción, devolverle la confianza a la ciudadanía y, fundamentalmente, poner la gestión de las políticas de discapacidad en manos de quienes deben ser sus verdaderos protagonistas”, sostuvo Marino en los fundamentos del proyecto. Según expresó, “es hora de pasar de un modelo de gestión vertical a uno de gobernanza compartida, donde la transparencia no sea una opción, sino una obligación, y la participación no sea una concesión, sino un derecho”.
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
