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En periodismo, a veces el hilo se encuentra en el borde de la hoja. Un currículum anodino y una referencia—“Federico Ciccarelli – Desarrollos Mineros L & C – lycmining.com”— y, al marcar ese número, una voz conocida: Fred Machado. Esa llave abre una puerta donde se ven, alineados, LYC Mining (Perú), el fallido “salvataje” de Andacollo en Neuquén, la Jeep que usó *José Luis Espert* en 2019, un contrato por US$1.000.000 y la minera guatemalteca Minas del Pueblo.
También aparecen nombres propios con historia: Claudio “Lechuga” Ciccarelli, señalado en la política rionegrina como *presunto testaferro* de Machado (acusación pública aún sin sentencia), y su pareja, la diputada Lorena Villaverde, con un pasado judicial por cocaína en Estados Unidos que hoy le vuelve como búmeran.
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La escena neuquina ayuda a ordenar. Eco Friendly S.A., con Ciccarelli al frente, prometió en 2022 resucitar Andacollo: inversión, planta reabierta, empleo recuperado. El paquete sumaba a L & C Minería y Consultoría S.A.C. (LYC Mining, Lima) y a firmas logísticas. Nunca se despejó en contratos públicos cuál era el rol técnico y financiero de LYC, más allá de su carta de presentación como consultora de exploración. En los papeles, la épica se evaporó por donde siempre: sin mayorías de acreedores y con la Provincia empujando la quiebra de Trident para relicitar el yacimiento. La foto final no es una mina en marcha; es un expediente en pausa.
El costado político completa el cuadro y explica por qué esta vez la trama no se agota en un folio societario. En 2019, Espert se movía en una Jeep registrada a nombre de Claudio Ciccarelli y facilitada por Machado. Aquel episodio nocturno que el candidato vivió como un ataque no tuvo pólvora: fueron dos piedras contra el vidrio. Machado, consultado para esta nota, respondió con ironía: “No fue un tiro, pasó por la Villa 31, le metieron dos piedrazos y Espert se pensó que era J. F. Kennedy”.
A días de oficializar su candidatura, el 7 de junio de 2019, Espert firmó con Fred Machado un documento que raspa: un contrato de “locación de servicios” por US$1.000.000. Un anticipo y nueve cuotas del mismo monto. ¿Consultoría económica? ¿Aportes en especie bajo otro nombre? ¿Servicios no electorales en tiempo electoral? El timing complica cualquier exégesis benigna. Como mínimo, obliga a revisar la rendición de campaña 2019 y cómo se declararon —si es que se declararon— los apoyos logísticos y financieros.
La geografía de la historia no se agota en la Patagonia ni en Puerto Madero. Minas del Pueblo S.A. (Guatemala) entra por la puerta de la consultoría. Espert reconoció US$200.000 por trabajos para esa empresa. La compañía figura en reconstrucciones judiciales y periodísticas como parte de un engranaje centroamericano donde se superponen concesiones mineras, pistas clandestinas y vuelos que interesaron a fuerzas antidrogas. Fuentes del lugar indican que Minas del Pueblo era disputada por dos familias narcos de Guatemala, hasta que llegó Machado y detras de él la DEA En Estados Unidos, el telón de fondo dejó de ser rumor. Debra Mercer-Erwin, la empresaria titular de Aircraft Guaranty Corporation y que manejó Wright Brothers Aircraft Title, fue condenada en 2024 por tráfico, lavado y fraudes en el Eastern District of Texas. En esa misma causa, Machado aparece acusado. La fiscalía describió cómo se usaban *trusts y escrows aeronáuticos para ocultar propiedad, mover fondos y registrar aeronaves que luego terminaban en operativos por narcotráfico. No es casual que la historia argentina tenga una minera peruana de nombre parecido a dos iniciales locales (hay quienes sugieren —en “off”— que LYC aludiría a “Lorena & Claudio”).
Es conjetura política, no dato registral: los papeles peruanos muestran a L & C Minería y Consultoría S.A.C. con otro management y domicilio en San Isidro, Lima. Incluso, ex empleados de Federico Machado en Minas del Pueblo, indicaron que Iván Morales, el ex Representante Legal de la firma, estaría trabajando para una empresa minera en Perú. Aun así, la utilización operativa de la marca en Argentina amerita, como mínimo, aclaraciones formales.
El capítulo rionegrino dejó una enseñanza de supervivencia política. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, eligió tomar distancia de Machado —admitió un encuentro antiguo, de trámite deportivo, a pedido del Club Deportivo Viedma— y defender la *legalidad de las concesiones que involucran a Ciccarelli. En el mismo movimiento, corrió el eje hacia adversarios locales. Manual básico: cerrar filas sobre los expedientes propios, desactivar la foto incómoda y posponer la discusión de fondo.
Queda la arista personal. Claudio Ciccarelli, primo de Fred Machado carga con la acusación pública de ser “testaferro” de *Machado. Su pareja, la diputada Lorena Villaverde, arrastra un *antecedente en Florida* por narcomenudeo de cocaína (2002), con cierre en 2017, que hoy vuelve a escena cada vez que la política cruza el puente con los negocios. No es moralismo; es *contexto.
El lector podría quedarse con tres preguntas y un método. ¿Qué firmó exactamente LYC en 2022 —con qué poderes, qué garantías, qué desembolsos— en el “salvataje” de Andacollo? ¿Cómo declaró Espert el contrato por US$1.000.000 y los apoyos logísticos de 2019? ¿Qué fue, en términos contables, la Jeep de Claudio Ciccarelli usada en campaña? El método es el de siempre: pedir documentos y seguir el dinero. El resto —los apellidos repetidos, los alias en un CV, los sarcasmos por WhatsApp— es ruido útil para llegar a lo que importa.
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
