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Federico Machado, acusado en EE.UU. por narcotráfico y fraude, pidió ser refugiado en Argentina para frenar su extradición, alegando persecución.
Federico Andrés Machado (1968), empresario aeronáutico nacido en Carmen de Patagones y radicado durante tres décadas en Estados Unidos, pidió ser reconocido como refugiado en la Argentina. Lo hizo el 22 de diciembre de 2021 ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). En su escrito, al que este medio accedió, sostiene que es perseguido por el gobierno de EE.UU. en el marco de pesquisas por narcotráfico, lavado y fraude, y denuncia “violaciones sistemáticas de derechos humanos” contra imputados —en particular, latinoamericanos— en causas federales de drogas. El pedido busca, en los hechos, bloquear su extradición al Distrito Este de Texas, donde se lo investiga.
Machado fijó domicilio en Viedma, Río Negro, y actúa con patrocinio de los abogados Francisco Oneto, letrado del Presidente argentino Javier Milei, y Roberto Rallin. En su presentación invoca la Ley 26.165 (Estatuto del Refugiado), la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. Afirma que no tiene garantías para un “juicio justo” en EE.UU. y que fue forzado a “cooperar” bajo amenaza de prisión perpetua, luego de reuniones con agentes de Homeland Security —identifica a Jack Stevens y Justin Marshall— y el fiscal Ernest González. La fiscalía de Texas, cabe señalar, lo acusa de integrar una conspiración internacional ligada a fraude con aeronaves y tráfico de estupefacientes.
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EL RELATO DE MACHADO: DE FORT LAUDERDALE AL POLOCHIC, Y DE ALLÍ A UN DESPACHO DE HOMELAND SECURITY En primera persona, Machado reconstruye su trayectoria: emigró a los 21 años a EE.UU., trabajó y estudió para piloto, y se dedicó a la venta y financiamiento de aeronaves corporativas desde Fort Lauderdale (Florida), con foco en el mercado latinoamericano. En 2016, tras un convite del entorno del entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales, desembarcó en el valle del Polochic (Alta Verapaz) con el proyecto “Minas del Pueblo” —combina minería y programas sociales—, que, según afirma, benefició a 25.000 personas.
El 24 de septiembre de 2020, dice, lo llamó el agente Jack Stevens (Homeland Security) ya instalado en Guatemala. Dos días después, relata, ingresó a un edificio sin identificación oficial en la capital para una reunión con Stevens, Marshall (HSI) y Paul Mack (Departamento de Comercio). Allí, asegura, le plantearon que “encajaba” para colaborar por su perfil hispanoparlante y conocimiento local. La charla viró —siempre según su versión— a aeronaves vinculadas a su negocio y operaciones de narcotráfico. Afirma que entregó voluntariamente su teléfono y laptop (“renuncié a la confidencialidad”) y que al día siguiente le anunciaron cargos por conspiración.
Poco después, voló a Texas y —bajo consejo de su abogado local, Dan Guthrie— firmó un “acuerdo de cooperación”. Dice que el fiscal González le indicó que el sistema federal “se basa en la cooperación” y que, de no hacerlo, podrían imputarlo por conspiración con variedad de conductas alcanzadas. Machado sostiene que esa “cooperación” se transformó en “extorsión” y “tormento psicológico”: asegura que le pidieron no hablar con sus financiadores, que simulara conversaciones “guionadas” por altavoz con inversores y que llegó a ofrecer infiltrarse en zonas calientes de Guatemala para aportar información sobre narcos. También afirma que intentaron hacerle firmar un documento para levantar el secreto profesional de su abogado, algo que dice haber rechazado.
Como respaldo, adjunta una pericia de polígrafo —realizada, según consigna, por Ryan/Eric J. Holden, exanalista de inteligencia— que lo favorece y certificados médicos y psiquiátricos (doctores Castex, Cortalezzi, García y Arias) que refieren depresión, estrés postraumático y el riesgo psíquico de su eventual envío a EE.UU. Aporta, además, una resolución de prisión domiciliaria dictada por el Juzgado Federal de Neuquén.
EL CAPÍTULO DEBRA MERCER-ERWIN Y EL FRENTE AERONÁUTICO Un eje central del escrito es la relación comercial con Debra Lynn Mercer-Erwin, figura clave del fideicomiso aeronáutico con base en Oklahoma (Wright Brothers Aircraft Title) y de la operadora Aircraft Guaranty Corporation (AGC). Machado admite que canalizó fondos de inversores —“nueve, a los que conocía”— para financiar depósitos de compra de aeronaves a través de Wright Brothers, y ubica allí el “hilo” que, según cree, enlazaron los agentes para asociarlo al narcotráfico.
Mientras la justicia de Texas acusó a Mercer-Erwin por fraude, lavado y drogas (causa que derivó luego en condena), el escrito de Machado busca despegarse de ese frente: afirma que nunca exportó ilegalmente un Challenger 604 (N770SW) —sostiene que sigue a nombre de una corporación estadounidense— y que mensajes de texto con Mercer-Erwin que la fiscalía “releyó” como incriminantes eran bromas conocidas por los propios agentes. Solicita que la FAA informe titularidad y estatus del N770SW como prueba “de ilegalidad” del pedido (según su planteo).
LA BATALLA POR EL ESTATUS DE REFUGIADO: EL ARGUMENTO JURÍDICO Machado pide que Argentina lo proteja como refugiado pese a ser nacional argentino, apelando a una interpretación “pro homine” del sistema internacional de refugio: para su defensa, su residencia habitual en EE.UU., su matrimonio con una ciudadana estadounidense y un hijo de esa nacionalidad lo colocan en situación análoga a la de un extranjero sin amparo local. Sostiene que, ante el tratado de extradición con EE.UU. (Ley 25.126), no puede optar por ser juzgado aquí (a diferencia de otros países con reciprocidad) y que el recurso de refugio es la única vía para evitar una entrega que —afirma— lo expondría a trato discriminatorio, “inversión de la carga de la prueba” y falta de garantías por su condición de latino.
Para sostener el cuadro de riesgo invoca, además, antecedentes de la “guerra contra las drogas” en la región y cita investigaciones periodísticas (como “Anatomía de una masacre”, de Ginger Thompson) sobre fallas graves en operativos binacionales. Ofrece como testigos a su abogado Guthrie, al perito del polígrafo, a cinco profesionales de la salud, a Thompson, al fiscal González y a los agentes Stevens y Marshall, entre otros.
EL DATO QUE ENCIENDE LA MECHA (Y QUE YA FUE REVELADO): EL GIRO POR US$200.000 En la contabilidad interna atribuida a Debra Mercer-Erwin y Federico “Fred” Machado, incorporada como prueba en el expediente federal de Texas, figura un renglón que ya fue difundido públicamente y que funciona hoy como contexto imprescindible: un “wire out” del 1 de febrero de 2020 por US$200.000 a nombre de José Luis Espert. Ese archivo —parte del “libro mayor” de ingresos (“wire in”) y egresos (“wire out”) del fideicomiso— se volvió pieza de controversia judicial y política en la Argentina: el equipo de Juan Grabois lo aportó en una denuncia por lavado de activos radicada en San Isidro.
El propio Espert no respondió a consultas periodísticas sobre ese asiento contable; Machado y su defensa evitaron comentarios. La fiscalía texana, por su parte, centró el caso en los organizadores del esquema y no en los receptores de pagos, que son decenas según los documentos.
ESPERT, LOS VUELOS Y LA CHEROKEE DE “LECHUGA” CICCARELLI La campaña de 2019 del Frente Despertar dejó huellas materiales del vínculo entre Espert y el entorno de Machado. El candidato posó frente al Bombardier Challenger N28FM y usó aeronaves facilitadas por el empresario. Además, se movía en una Jeep Grand Cherokee cuya titularidad no estaba a su nombre, sino al de Claudio “Lechuga” Ciccarelli, empresario de Viedma y primo/allegado de Machado. El 6 de agosto de 2019, camino a Crónica TV, el vehículo sufrió un impacto (piedrazo o bala, según se dijo). Ese episodio expuso por primera vez el puente logístico entre el candidato liberal y el círculo de “Fred”.
Aun con el asiento por US$200.000 ya conocido y judicializado como contexto, Espert sostuvo públicamente que desconocía actividades ilícitas y relativizó su cercanía con Machado; sin embargo, reconoció al menos un vuelo compartido hacia Viedma en abril de 2019.
EL LIMBO JUDICIAL DE MACHADO A casi cuatro años de aquel pedido a la Conare, la situación de Machado sigue sin definirse del todo. En 2022, el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición a Estados Unidos, pero el expediente quedó trabado en la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal incluso decidió suspender el proceso, tras un planteo de la defensa sobre su situación procesal. Así, Machado permanece en prisión domiciliaria en Viedma, en una zona gris: extraditable según la justicia de primera instancia, pero aún protegido por la inacción del máximo tribunal argentino.
CRONOLOGÍA MÍNIMA * Años 1990–2000: Machado se instala en EE.UU., estudia y trabaja en aviación corporativa (Florida).
* 2016: Viaja a Guatemala; impulsa “Minas del Pueblo” en Polochic.
* Septiembre 2020: Reuniones con Homeland Security en Guatemala; le anuncian cargos y acuerda cooperación.
* Octubre–Noviembre 2020/2021: Reuniones en Texas; dice que su polígrafo da resultado favorable; denuncia presiones y extralimitaciones.
* 18 de diciembre (año que describe en el escrito): Detención de Debra Mercer-Erwin.
* 22 de diciembre de 2021: Presenta pedido de refugio ante Conare.
* Trámite actual: Extradición en el Juzgado Federal N.° 2 de Neuquén; domiciliaria en Viedma (resolución invocada).
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
