ULTIMO MOMENTO:
Por Ricardo Raúl Benedetti
Imaginate una noche de septiembre en La Matanza. Tres jóvenes –Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)– suben a una Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, atraídas por la promesa de un “evento” que les dejaba 300 dólares cada una. Horas después, en una humilde casa de Villa Vatteone, Florencio Varela, sus cuerpos son hallados en un pozo del patio: torturadas durante tres horas, abusadas sexualmente, mutiladas, ejecutadas con cortes en el cuello y golpes fatales.
El capo de la banda peruana, Marco Antonio Estrada Gonzáles –alias “Marcos”–, prófugo y con conexiones en la Villa 1-11-14, transmitió el horror en vivo por Instagram a un grupo cerrado de 45 contactos.
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“Esto le pasa al que me roba droga”, lanzó, según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Las autopsias realizadas en la Morgue de Lomas de Zamora fijaron la muerte entre las 2 y 5 de la madrugada del 20 de septiembre: un ensañamiento que recuerda las “mexicaneadas” del cartel de Sinaloa. Este triple femicidio –el más sádico del 2025 en el conurbano– no es un relámpago aislado, sino el trueno de una tormenta que viene azotando a la Argentina desde los 90.
La expansión global y el espejismo local El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la UNODC advierte: la producción global de cocaína llegó a 3.708 toneladas en 2023, un 34% más que en 2022. Hubo incautaciones récord (2.275 toneladas), pero el consumo y el lavado siguen creciendo sin freno. En Argentina, el INCSR 2025 del Departamento de Estado de EE.UU. nos define como “tránsito clave” para la cocaína boliviana y peruana hacia Europa, con un volumen de lavado equivalente al 20-40% del PIB ilícito, según Edgardo Buscaglia. Mientras el Gobierno de Javier Milei celebra un 70% más de incautaciones (119 toneladas en 2024), los homicidios narco se disparan: 84.200 IPP en PBA (7,8% del total penal), con un 11,2% de delitos contra las personas ligados al menudeo.
¿Triunfo o ilusión? El académico Juan Gabriel Tokatlian lo sentencia: “Medimos fracaso como éxito; sin diagnóstico, perseguimos pibes mientras los carteles lavan en countries”. Y acá voy yo: este espejismo securitario ignora la raíz social del problema. En villas donde la pobreza alcanza al 52%, el narco ofrece “trabajo” a uno de cada cinco jóvenes. No es solo bala: es fracaso colectivo. Raíces peruanas: de la guerrilla al menudeo en el Bajo Flores Volvamos a 1997.
Exmiembros de Sendero Luminoso –el grupo maoísta que dejó 30.000 muertos en Perú– huyeron de la represión de Fujimori y recalaban en la Villa 1- 11-14, un laberinto de 20.000 almas en Bajo Flores. “Ruti” Quispe Palomino y su hermano “Meteoro” (Esidio Ramos Mariños), del Comité Metropolitano de Lima, no trajeron solo ideología: importaron tácticas de guerrilla para bunkers y rutas de distribución. Desde San Juan de Lurigancho –el distrito más pobre de Lima, con un millón de habitantes en villas miseria–, familias enteras levantaron un emporio: cocaína de Perú vía Bolivia, fraccionada en sótanos vigilados con “campanas” que avisaban allanamientos.
La Justicia argentina confirmó en 2007 sus lazos: “Marcos” Estrada Gonzáles, prófugo en el triple crimen, se enfrentaba con “Ruti” por el menudeo desde 1999, cuando asesinaron a Julio Chamorro en una canchita de la villa. La guerra estalló en 2005: una procesión del Señor de los Milagros terminó en masacre, con tres muertos y 500 peruanos usados como escudo humano. Hoy, la 1-11-14 –rebautizada Padre Ricciardelli– es un “narcoestado paralelo”, según InSight Crime: autos de lujo, antenas satelitales, diez laboratorios de cocaína custodiados por exsenderistas armados con FAL y AK-47. En mayo de 2025, Gendarmería allanó siete viviendas: cinco mujeres y un hombre detenidos, kilos de coca, pasta base y marihuana incautados. El triple crimen de La Matanza siguió ese guion: emboscada digital. Las chicas cayeron por redes sociales; la Tracker, con patente adulterada, las trasladó a Varela. Cuatro detenidos iniciales –incluida la pareja peruana dueña de la casa, con sangre en las manos y olor a lavandina–, ocho más en Zavaleta.
“Marcos” escapó, quizá rumbo a Perú. La PROCUNAR ya habla de “venganza transnacional”. Y yo lo digo sin rodeos: el narco no es abstracto; son vidas concretas, como las de Brenda, Lara y Morena, sacrificadas en un altar de impunidad que huele a cloro y tierra removida. Una red transnacional: de Sendero a Sinaloa El narco argentino no es monolítico; es un mosaico transnacional. Peruanos como los de la 1-11-14 conviven con gigantes brasileños, clanes paraguayos y tentáculos mexicanos.
El Primer Comando da Capital (PCC), la mafia más poderosa de Sudamérica –35.000 miembros y US$1.000 millones anuales desde 2020–, desembarcó en Argentina vía la Triple Frontera. Un informe del Ministerio Público de San Pablo (2025) detecta 56 integrantes del PCC en el país, controlando la Hidrovía Paraná-Paraguay para exportar cocaína a Europa y Asia.
Aliados como el uruguayo Sebastián Marset –prófugo con alerta roja de Interpol– facilitan el contrabando: en mayo de 2025, 460 kg de cocaína en el buque MV Ceci, bandera de Islas Marshall. El PCC recluta en cárceles paraguayas y compra armas en Argentina –fusiles desde EE.UU. vía Iguazú, detectados en 2020–, financia campañas y lava vía propiedades (US$5.000 millones en 2025). Su rival, el Comando Vermelho (CV), opera en Pedro Juan Caballero, con asaltos como el de 2017 en Prosegur (Paraguay), usando francotiradores y explosivos.
En 2025, PCC y CV firmaron una tregua efímera, anticipando un boom narco en la región. Paraguay aporta el Clan Rotela, fundado en 2007 por Armando Javier Rotela – condenado a 27 años en 2020, salida prevista en 2046–. De microtráfico en Asunción pasaron a controlar cárceles como Tacumbú, con 1.000-4.000 miembros. Inspirados en el PCC y en Los Monos, lavan vía estancias y ganado. Enfrentados al PCC desde 2017, dejaron masacres en prisiones (10 muertos en 2019).
En junio de 2025, allanamientos en Cordillera detuvieron a familiares de Rotela y desarticularon pandillas aliadas. Los mexicanos también juegan fuerte: el Cártel de Sinaloa y el CJNG –designado terrorista por EE.UU. en 2025– operan en el conurbano norte, Córdoba y CABA, lavando a través de inmobiliarias y agro. Entre 2023 y 2025, se incautaron 119 toneladas de cocaína (+70% en 2024), pero el CJNG ya exporta fentanilo vía puertos rosarinos. Colombianos como el Clan del Golfo abastecen cocaína y pactan con el ELN.
Locales como Los Monos en Rosario (258 homicidios en 2023, -66% en 2024 con el Plan Bandera) se articulan con transnacionales. En Córdoba, en 2024, allanamientos frustraron envíos a Brasil. El narco argentino no solo destruye vidas locales: los puertos de Rosario, que exportan el 80% de la soja del país, son ahora corredores clave para la cocaína hacia Europa, poniendo a Argentina en la mira de agencias internacionales como la DEA. La conclusión es brutal: el narco no conquista, permea. Desde bunkers en barrios porteños hasta countries con pileta y guardias privados.
Los soldaditos: infancias perdidas En este infierno, el corazón lo ocupan los “soldaditos”: chicos usados como carne de cañón. En Buenos Aires, el 94% son varones de 13 a 17 años, captados en villas como la 1- 11-14 o Puerta de Hierro, donde el paco arrasa generaciones. Ingresan a los 12-13 años, tentados por 20.000-30.000 pesos diarios, más que el salario quincenal de sus padres. Con un salario mínimo de 322.200 pesos mensuales en septiembre de 2025, los 20.000-30.000 pesos diarios que ofrece el narco superan en días lo que un trabajador formal gana en un mes, un imán irresistible para chicos sin futuro. Familias en extrema pobreza –asignación universal como único ingreso, 52% de indigencia en el conurbano– terminan empujándolos. Una madre confesó en 2022: “Por un poco de ropa de marca que no puedo darles”.
En villas como la 1-11-14, las escuelas suelen ser el primer lugar donde el narco capta chicos, aprovechando la deserción escolar, que alcanza el 30% en zonas vulnerables. La prostitución infantil corre en paralelo: edades de inicio de 14-15 años en el conurbano, según ECPAT International. En Rafaela o Ezeiza, madres proxenetas inician a sus hijas de 14 “por necesidad”. La Ley 26.364 castiga con 4-10 años, pero el 6% de los implicados son mujeres, muchas veces familiares. Comparado con Rosario: allí, 192 menores asesinados desde 2013 en guerras narco, con reclutamiento desde los 10 años.
La tasa de homicidios: 16,4 por cada 100.000 en 2020, frente a 12,9 en la Villa 31 de CABA. A nivel regional, Argentina aún queda corta: en México, 30-40 mil menores reclutados, edades 10-14; en Brasil, el PCC capta desde los 11; en Colombia, fueron 30.000 en los 90. Como dice el padre Angelotti: “El narco ocupa donde el Estado retrocede”. Y lo digo de frente: esos “soldaditos” no son monstruos, son chicos abandonados a los 12 años, condenados a pipas o a balas.
Nacido y criado en Flores Sur, vi cómo se llevaba a amigos de la infancia, y a mi hermano Litto. Es un dolor que no se borra, y que hace que este no sea solo un artículo: es un grito por los que ya no están. El narco en las venas: corrupción política y policial El narco no sobrevive en el aire: se alimenta de grietas institucionales.
Ilena Arduino, del INECIP, lo resume: “El crimen organizado cooptó recursos vía corrupción en seguridad y justicia”. En 2024, el 40% de los homicidios en Rosario –169, -66% vs 2023– estuvo ligado a Los Monos, que además financian campañas. En PBA, intendentes de La Matanza y Tres de Febrero cayeron por lavado; en Tucumán, el de Alberdi por audios narco.
La Bonaerense, con 100.000 efectivos, es el talón de Aquiles. “Regula el menudeo”, acusa Rolando Graña. En 2018, el comisario “Enano” Bressi denunció a la cúpula. Según InSight Crime 2025, la corrupción es “endémica, no manzanas podridas”. La DEA confirma: Sinaloa y Jalisco operan en conurbano norte, Córdoba y CABA, con apoyo boliviano. HRW 2025 advierte que los recortes de Milei en programas sociales agravan la vulnerabilidad, sin atacar la corrupción. Estadísticas 2024-2025 PBA: 790 homicidios (-2%), 128.477 robos (+18%), 84.200 IPP narco (7,8%), 45 tn cocaína (+12%).
CABA: 76 homicidios (-15%), 68.876 robos (+10%), 12.000 IPP narco (est.), 15 tn cocaína (+8%).
Santa Fe: 169 homicidios (-66%), 1.210 IPP narco (-14%), 20 tn cocaína (+50%).
Nacional: 1.803 homicidios (-13%), robos +20%, detenciones +16%, 119 tn cocaína (+70%).
Políticas actuales: radar y balas, sin diagnóstico Milei reflotó el plan “Argentina sin Narcotráfico” (2016): PROCUNAR, radares fronterizos, desfederalización en CABA, inteligencia en Salta. Los números parecen éxitos: +70% de cocaína incautada en 2024, +16% detenidos; homicidios -66% en Rosario con el Plan Bandera. Pero el fracaso es estructural. El prohibicionismo ignora la demanda: el 95% del presupuesto va a represión, solo el 5% a prevención. La Matanza lidera los narcoasesinatos. Buscaglia advierte: “La mafia transnacional integra políticos; el lavado es del 20-40% de los activos”. Tokatlian insiste: “Es un plan refrito, securitizado, sin impacto social”.
El narco digital y misógino –TikTok para reclutar, Instagram Live para aterrorizar– exige más que balas. Exige educación, empleo, justicia. Hacia un horizonte incierto El triple crimen de Varela, transmitido en vivo, grita lo que las estadísticas apenas susurran: el narco transnacional –de Sendero a Sinaloa– evoluciona mientras el Estado reacciona.
Kicillof declaró: “Venganza sin fronteras”.
Bullrich retrucó: “Impunidad intolerable”. Pero si no se desmantela la corrupción –de comisarios a concejales–, todo son victorias pírricas.
La serie Narcos lo mostraba: el enemigo no es la droga, es el pacto de silencio. Argentina necesita diagnóstico, no solo radar. De lo contrario, vendrán más Brendas, Morenas y Laras: víctimas de un sistema que las condena dos veces, en vida por abandono y en muerte por olvido.
¿Cuántas más deben caer antes de que el Estado deje de mirar para otro lado? La respuesta no está en más radares, sino en un país que no abandone a sus chicos.
Ricardo Raúl Benedetti Periodismo Sin Aplausos
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
