ULTIMO MOMENTO:
Se dictaminó un proyecto para normalizar y decmoratizar la ANDIS, que se encuentra intervenida en medio de denuncias por corrupción.
Luego de que el Senado girase ayer al Gobierno la ley de emergencia en Discapacidad, que fue restituida por el Congreso tras el veto presidencial, la oposición se puso en guardia en la Cámara de Diputados a la espera de que el Gobierno implemente la norma a la brevedad.
En una reunión de la comisión de Discapacidad, su titular, Daniel Arroyo, dejó en claro que no hay margen para que el Poder Ejecutivo se desentienda de la obligación de “poner en marcha” la ley de inmediato, y avisó que desde el cuerpo que encabeza realizarán un “seguimiento permanente" para que las partidas sean reasignadas con su respectiva recomposición y que los prestadores del sistema sean compensados.
También te puede interesar:
El opositor pidió que las auditorías se realicen de forma “correcta” sin dar de baja pensiones a personas que lo necesitan y que reúnen las condiciones para recibir la ayuda del Estado.
El diputado de Unión por la Patria explicó que es responsabilidad de Jefatura de Gabinete reasignar las partidas para financiar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que es la autoridad de aplicación de la norma que debe velar para que los prestadores del sistema reciban los reintegros y que los aranceles que perciben sean actualizados en base al nuevo nomenclador. Por otra parte, la comisión avanzó con el dictamen de un proyecto del diputado de Unión por la Patria Juan Marino para normalizar, democratizar y transparentar la ANDIS, que se encuentra intervenida con una nueva conducción a cargo de Alejandro Vilches.
El funcionario se encuentra a cargo del organismo desde que el Gobierno nacional dispuso el desplazamiento de su ex titular Diego Spagnuolo, quien a través de audios filtrados sin su consentimiento destapó una presunta red de corrupción en el organismo que incluye supuestos pagos de coimas a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
“La Andis está funcionando cada vez peor. Vilches no tiene firma, siguen las colas desde las 4 de la mañana en la Andis, de personas a las que igual les dan de baja la pensión, y surgió el escándalo de las 1.000 bajas diarias que habían definido de manera arbitraria, coaccionando a trabajadores de Andis a dar esas bajas" a cambio de recompensas económicas, alertó Marino, quien pertenece al Partido Piquetero y al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.
La iniciativa del joven diputado de UP apunta a sustituir la actual conducción unipersonal y discrecional de la Andis por una Comisión Directiva Colegiada de siete miembros.
Esta comisión directiva estaría integrada por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo; dos vocales en representación del Consejo Federal de Discapacidad; y otros tres vocales en nombre de las asociaciones civiles que defienden al sector de discapacidad.
El Frente de Izquierda respaldó la iniciativa de Marino a través de Alejandro Vilca, el vicepresidente de la comisión. “Tiene que haber un órgano democrático que le de participación a las organizaciones de discapacidad”, compartió, aunque pidió ampliar la propuesta para “reincorporar a más de 400 trabajadores despedidos de la Andis desde que asumió el Gobierno” y “disponer el pase a planta permanente de todos los empleados”.
El diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen intentó trabar el dictamen al reclamar que fuera analizado primero en asesores, luego de plantear críticas a la velocidad con que se dio el debate ("muy arrebatado").
“Dan lástima. Quieren sacarle rédito político al tema”, fustigó el libertario tucumano, que no pudo evitar la firma del dictamen.
Pese al paso dado por la oposición, el proyecto tiene giro también a la comisión de Asuntos Constitucionales que controla el oficialismo a través de la presidencia de Nicolás Mayoraz, lo que supone la necesidad de que este cuerpo también lo dictamine.
Al igual que sucede con otras iniciativas opositoras, como por ejemplo el proyecto para crear una comisión investigadora por el fentanilo contaminado, el santafesino tiene el mandato de poner palos en la rueda para obstruir o dilatar al máximo la aprobación de las mismas.
Claramente, Mayoraz no convocará a la comisión para debatir el proyecto de Juan Marino, por lo que una vez más el camino a seguir por la oposición será pedir su emplazamiento en una próxima sesión de la Cámara de Diputados- Eduardo Valdés (Unión por la Patria) señaló que junto a su compañera de bancada Victoria Tolosa Paz propone dejar de lado las suspensiones de las pensiones por Discapacidad. "¿Qué pasa con los funcionarios que premiaban empleados para dar de baja pensiones? ¿Van a seguir ahí? Por eso es importante también el proyecto de Juan Marino para reformar la estructura de la ANDIS. ¿Esa gente sigue ahí y tiene que atender a quienes fueron damnificados por su acción criminal? Spagnuolo dijo en los audios que le ordenaban dar de baja las pensiones sin auditorías médicas", advirtió el diputado peronista Para Valdés, “tienen que reincorporar a los que echaron y hay que evaluar la conducta de quienes dieron de baja las pensiones”. En paralelo, su par de Unión por la Patria Blanca Osuna defendió un proyecto de resolución de su autoría para declarar nulas las auditorías que se llevaron adelante durante la gestión de Spagnuolo y para reponer la totalidad de las pensiones no contributivas que se habían dejado sin efecto durante la gestión de Spagnuolo. En la previa a esta reunión de comisión, diputados de Democracia para Siempre, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica abrieron otro frente para dar batalla contra el Gobierno en el tema Discapacidad.
Liderados por la radical disidente Mariela Coletta (DPS), los legisladores le hicieron llegar una nota al titular de la comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, Miguel Pichetto, para que le exija a la Auditoría General de la Nación (AGN) audite los contratos suscriptos por ANDIS con la droguería Suizo Argentina.
Esta droguería de la familia Kovalivker, que planteó sin éxito la nulidad de la causa, habría sido un eslabón central en la cadena de pago de sobornos a funcionarios públicos.
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
