ULTIMO MOMENTO:
La Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura de la Provincia de Jujuy se reunió este jueves y como una de sus primeras medidas, fue el de convocar a los denunciantes contra el fiscal general Alejandro Ficoseco y tres contralores del Tribunal de Cuentas, a presentarse en el seno de la comisión a ratificar o rectificar las presentaciones realizadas.
Con anterioridad se había reunido la Sala Acusadora y había designado a los miembros de la Comisión Investigadora, la cual quedó conformada por los diputados Alberto Bernis, Héctor Tizón, Susana Haquim, del Frente Cambia Jujuy, y Alberto Matuk y Javier Hinojo del bloque Justicialista. Las presentaciones ingresaron a la Legislatura, el último jueves 5 de septiembre.
En ella se traduce la denuncia contra el Fiscal General Alejandro Ficoseco, por supuesto ‘incumplimiento de los deberes a su cargo‘, señalando la falta de acción u omisión para que la Justicia pudiese accionar en el barrio controlado por la ex-organización Social Tupac Amaru en el Alto Comedero.
En tanto que la denuncia contra los contralores Nora Milone Juncos (presidenta), René Antonio Barrionuevo y Mariana Leonor Bernal (vocales), también es por incumplimiento de los deberes a su cargo, respecto a cuatro objetos de su tarea.
Se trata de: 1) aprobar o desechar la percepción e inversión de los caudales públicos y declarar las responsabilidades que resultaren; 2) Intervenir preventivamente en las órdenes de pago y de gastos sin cuyo visto bueno no podrán cumplirse; 3) ejercer el control de la hacienda pública, la de los municipios, entidades descentralizadas, empresas públicas, sociedades del Estado o con participación estatal y beneficiarios de aportes y subsidios; y 4) formular cargos determinando la responsabilidad por irregularidades y daños al patrimonio del Estado.
En la reunión de Comisión Investigadora, los diputados miembros tomaron conocimiento de los expedientes ingresados, tras lo cual y siguiendo directivas del reglamento interno y de la Constitución Provincial como una de las herramientas de la democracia, se resolvió la citación de las denunciantes a fin de que ratifiquen o rectifiquen las mismas. En el caso de que las presentaciones fueran confirmadas, la Comisión deberá notificar a los denunciados para que ejerzan sus derechos de defensas dentro del plazo de 5 días. De lo contrario, será el mismo cuerpo el que resuelva si prosigue el proceso de juicio político o lo archiva.
