El Tribunal en lo Criminal 3 de la provincia concedió el traslado de Milagro Sala a su domicilio del barrio Cuyaya, en la capital provincial, donde seguirá cumpliendo prisión preventiva con pulsera electrónica, según lo solicitaron los abogados de la dirigente.
La disposición se cumplió ayer poco antes de las 9 e incluye el quite de restricciones que se habían impuesto en su domicilio de la localidad de El Carmen, dando efectivo cumplimiento a la prisión domiciliaria dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicaron allegados a Sala.
La líder de la Tupac Amaru cumplirá el próximo 16 de enero tres años con prisión preventiva por diversas causas, fecha que marcará el límite fijado por ley para estar detenida sin condena.
Ya en su casa de calle Gordaliza del barrio Cuyaya, Sala aseguró visiblemente emocionada que el cambio de domicilio constituye para ella una pequeña luz para comenzar a creer en la Justicia.
Mientras, aprovechó para apuntar contra el gobernador, Gerardo Morales, ante sus recientes críticas por la absolución de la líder de la Tupac Amaru en uno de los dos juicios que se le seguía en simultáneo, y dijo que el mandatario radical se asusta cuando huele a libertad de Milagro Sala, porque sabe que en los compañeros hay mucha indignación.
En ese sentido, aseguró que tanto en la causa por el supuesto desvío de fondos públicos -que continuará durante la feria judicial y se estima concluya entre enero- como en la que fue absuelta el jueves último, los que declararon contra ella lo hacen condicionados por supuestas amenazas, éstas, según sostuvo, de parte del juez Pablo Pullen Llermanos, de la policía de la provincia y de Gerardo Morales.
En la orden del traslado al domicilio de la capital jujeña, donde Sala pidió estar desde un primer momento, el Tribunal dispuso que deberá cumplir con la obligación de permanecer allí, no pudiendo movilizarse fuera del mismo, con excepción para concurrir a lugares previamente autorizados.
En ese aspecto, allegados a la dirigente destacaron, el hecho de que Sala haya sido liberada del alambrado rodeando su inmueble, de cámaras de seguridad; de la disposición en El Carmen de un destacamento de Gendarmería y de policías, alejado de lo que establece el Código Procesal Penal, que específicamente prohíbe que fuerzas de seguridad custodien a las personas con prisión domiciliaria.
Para dar cumplimiento de las obligaciones a su cargo, Sala deberá presentarse ante el Patronato de Liberados y Encausados, que podrá evaluar a la detenida domiciliaria.