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En un otro giro de guión que abre un nuevo escenario en la crisis independentista catalana, la Justicia española rechazó ayer la entrega del ex jefe del Gobierno de Cataluña Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por Alemania, país donde fue detenido en marzo, y retiró la orden europea de arresto contra él.
El juez español Pablo Llarena no aceptó que se extradite al líder independentista a España solo por malversación de caudales públicos en relación con el referéndum soberanista que impulsó en octubre en Cataluña y no por un delito de rebelión, como reclamaba. Una entrega solo por malversación supondría que España no podría juzgarlo por rebelión, delito más grave y penado con hasta 30 años de cárcel.
El magistrado del Tribunal Supremo, que investigó la consulta ilegal y procesó por ella a 25 políticos y líderes separatistas, criticó en su auto al tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que descartó el delito de rebelión. Lo acusó de “falta de compromiso con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”.
“Al actuar de ese modo, el tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado”, expresó el juez español.
Una portavoz de la Fiscalía del estado alemán de Schleswig-Holstein explicó a dpa que si la orden europea de detención se retira oficialmente “significaría el cierre del procedimiento de entrega”.
La decisión de Llarena fue interpretada como una victoria por el independentismo catalán, que habló de un “nuevo ridículo internacional” del juez español.
El propio Puigdemont aseguró en Twitter que la retirada de la orden de detención europea “es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial” abierta contra el proceso soberanista catalán.
