TRAS RECUSACIÓN DE LA FAMILIA Y EL CELS
Según la resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), la decisión adoptada por el tribunal -integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman- fue adoptada ante el temor de parcialidad evidenciado por la familia de Santiago Maldonado.
Los jueces sostuvieron en su fallo que no existen elementos que nos permitan abrigar ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez Otranto, más dicha circunstancia no resulta óbice para resolver del modo que lo hacemos.
En la misma resolución, la Cámara de Comodoro Rivadavia resolvió que el juez Lleral se dedique a la causa con exclusividad, en tanto que el juez federal número 1 de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, ejercerá la subrogancia del número 2 que dejará vacante el otro magistrado por un período de 60 días.
El jueves, el fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, se había pronunciado a favor del apartamiento del juez Otranto, al exponer en la audiencia de partes realizada en esa ciudad chubutense a raíz de los pedidos de recusación planteados por las querellas en la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el 1 de agosto último, en el contexto de una operación represiva de Gendarmería en tierras de una comunidad mapuche en el noroeste de Chubut.
De esta forma, el fiscal de Cámara respaldó el pedido de la querella, sobre todo -según dijo a la prensa tras la audiencia- por entender que, en recientes declaraciones periodísticas, el magistrado adelantó opinión o prejuzgó acerca de lo que pudo haber sucedido a Maldonado.
Después de reseñar las exposiciones de las partes y la del fiscal Bellver en la audiencia, el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia sostuvo que es razonable considerar que recientes declaraciones periodísticas de Otranto al diario La Nación podrían constituir el adelantamiento de opinión vedado al juez y permiten a las partes dudar de su imparcialidad.
Esas declaraciones se erigen en definitiva, en un motivo idóneo para justificar la desconfianza que la aplicación de la resolución pretende neutralizar, según señala la resolución.