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SEGUN UN INFORME
“Estimamos para finales del 2017 un déficit global de las provincias del orden de los 113.000 millones de pesos que involucra a 19 de las 24 provincias argentinas”, indicó Lozano.
De acuerdo al informe, “el 30 por del déficit total” estimado “es explicado por la provincia de Buenos Aires”.El estudio sostuvo que el cuadro fiscal de las provincias “aparece condicionado tanto por las modificaciones que viviera el régimen de Coparticipación, así como por la incorporación de impuestos nacionales que son solo parcialmente coparticipados”.
“Las provincias revelan una baja capacidad de autofinanciarse, los recursos tributarios propios son inferiores, en promedio, al 6 por ciento del Producto Bruto Geográfico, y exhiben una baja voluntad de cobro sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, por tanto su dependencia de los recursos coparticipados es muy importante”, advirtió.
El análisis señaló que si se evalúa el resultado financiero negativo con relación al gasto de cada provincia “las situaciones más comprometidas se viven en el sur del país (Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego)”.
“En promedio, el 55 por ciento del gasto total de las provincias se concentra en salarios y prestaciones sociales, pero hay incluso nueve provincias que están por encima del citado promedio”, puntualizó.
Por ejemplo, citó que en Santa Cruz “estos rubros comprometen el 81 por ciento de los recursos provinciales”.
“Las provincias, en promedio pueden financiar con sus propios recursos apenas el 30 por ciento de lo que gastan, pero ese promedio oculta que hay 20 provincias que están por debajo de ese porcentaje y que en algunos casos sólo financian una exigua porción del mismo”, alertó.
“En momentos donde se habla de una reforma tributaria que implicaría eliminar el impuesto a los ingresos brutos, impuesto que hoy representa más del 50 por ciento de los recursos provinciales de un sistema presupuestario provincial que apenas financia el 30 por ciento del gasto, para reemplazarlo por un aumento del IVA (más imposición sobre el consumo) que luego se coparticiparía, una pregunta a hacerse es si en ese proceso las provincias no perderían recursos y si en la práctica, no se estaría induciendo por esa vía un ajuste sobre los gastos provinciales”, planteó el análisis.
