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La Cámara Federal porteña revocó ayer el procesamiento del ex jefe de inteligencia kirchnerista Oscar Parrilli por encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo y dispuso la “falta de mérito” para el ex funcionario, aunque aclaró que debe continuar siendo investigado porque “habían y siguen habiendo indicios para sospechar” que formó parte de esa operación.
A la vez, la Sala II de la Cámara Federal ratificó la validez de las escuchas telefónicas judiciales para realizar las investigaciones, de las que surgieron conversaciones con la ex presidenta Cristina Fernández que se hicieron públicas.
El pronunciamiento del tribunal de alzada, con las firmas de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, dejó sin efecto el fallo que había dictado el juez federal Ariel Lijo, el 6 de febrero último, y que había sido apelado por la defensa de Parrilli.
Los jueces consideraron que la investigación debe “avanzar en el grado de corroboración” de los cargos contra el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e instó al magistrado a “profundizar activamente la pesquisa” de modo de “contar con un panorama más amplio y general que refuerce o debilite las sospechas”.
El fallo de la Cámara, a la vez, rechazó la solicitud de recusación de Lijo que había planteado la defensa de Parrilli y consideró “abstracto” el pedido de detención del acusado que había elevado el fiscal federal Guillermo Marijuán.
Los camaristas respaldaron las intervenciones telefónicas (luego filtradas a sitios web) al recordar que “constituyen medidas instrumentales” para “averiguar la verdad sobre lo acontecido”.
Y advirtieron que el juez “está facultado -más que ello, obligado- a dar curso a todas las diligencias que pudieren servir a ese cometido”.
El tribunal dispuso que se profundice la instrucción respecto de todos los organismos que intervenían en la búsqueda para “enfocarse en la dimensión global de lo denunciado, que refiere al involucramiento de diferentes agencias”.
Así ordenó “rastrear qué tipo de intercambios, comunicaciones o contactos pudieron existir entre los integrantes de las diferentes áreas encargadas de la búsqueda, a efectos de determinar o descartar si, como se planteó, hubo un patrón común, indicador de intencionalidades ajenas a las funciones de los involucrados”.
Además, los jueces advirtieron que “habían y siguen habiendo indicios para sospechar que Oscar Parrilli formó parte de una operación de encubrimiento de un prófugo de la justicia, que -según deberá la investigación confirmar o descartar- podría involucrar a otros funcionarios públicos”.
